Confrontando las violaciones a los DDHH en las cárceles de Argentinia, Chile y Venezuela: ¿Una batalla perdida?

Inhaltsverzeichnis

1. Introducción

2. La batalla por los derechos de los encarcelados
2.1. Consideraciones sobre el “boomerang effect”
2.2. El problema de la seguridad ciudadana en un Estado democrático y anómico
2.3. La batalla por el concepto de seguridad pública
2.4. El sistema Internamericano de Proteacción a los DDHH: un aliado fundamental para enfrentar las violaciones a los DDHH.

3. Conclusiones

4. Bibliografía

1. Introducción

Se abordará en este estudio la problemática carcelaria en Argentina, Chile y Venezuela. El interés por este tema esta condicionado a la paradoja que se presenta en el sentido de que son países democráticos que han firmado firmado tratados internacionales para el resguardo de los DDHH y la Convención Americana sobre DDHH (pacto de San José), base del Sistema Intermericano de protección de los Derechos Humanos. A pesar de ello, continúan violando los Derechos de los encarcelados, que pertenecen al sector más desprotegido de la sociedad, ignorados por el Estado, por los medios y por la sociedad que los considera anomalías sociales que merecen estar recluídos bajo condiciones infrahumanas. Durante largo tiempo no han podido alzar la voz y reclamar por el cumplimiento de sus Derechos, por lo que adquieren especial relevancia las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las instituciones estatales y los organismos internacionales (espcíficamente la Corte y la Comisión Interamericana de DDHH) que han emprendido acciones con el fin de resguardar los Derechos de los detenidos.

A las alianzas que se han formado en la socieadad con el fin de proteger los Derechos de los encarcelados se les llamará laCoalición por los Derechos, cuya contracara es laCoalición del Orden, que apoya las llamadas políticas demano durapara resover el problema de la seguridad ciudadana (Ver Fuentes 2002, 5). No hay que perder de vista, que la problemática carcelaria se encuentra inmersa en el debate más amplio y muy actual en torno a la seguridad ciudadana, donde las posiciones sostenidas por las Caliciones de los Derechos y del Orden se contraponen.

Se argumentará en este ensayo que la violaciónes de los DDHH en las cárceles representa un desafío no resuelto para la Coalición por los Derechos. Ello se debe a que la Coalición por los Derechos (1) ha tenido serias dificultades para adaptarse a al actual ramo institucional caracterizado por la democratización y la “anomia” del Estado y (2) ha perdido la batalla por el significado del concepto de seguridad ciudadana. En ese contexto, las demandas presentadas por ONGs pro Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) y la Corte IDH pueden ser consideradas como el primer paso para revertir esta situación.

El marco teórico de este se se basa en elboomerang effect,modelo que fue desarrollado por Risse y Sikking (1999). Junto con aplicarlo, se pretenderá revisar la validez de este modelo teórico bajo condiciones democráticas.

La elección de Argentina, Chile y Venezuela como casos de estudio no es arbritraria. Obedece a dos razones. (1) Los niveles de violencia presentes en cada una de estas sociedades. En un extremo se encuentra Venezuela, un país afectado por altísimas tasas de homcidios y de violencia, y en el otro se encuentra Chile, que tiene las tasas de homicidio más bajas de entre estos tres países. (2) La solidez institucional es la otra razón. Tanto Venezuela como Argentina se caracterizan por tener instituciones marcadas por la corrupción y la ineficiencia, mientras que Chile cuenta con instituciones estables y relativamente libres de corrupción. Con la elección de estos países se podrán encontrar constantes que transcienden las diferencias entre los países en relación con la falta de resguardo de los DDHH de los encarcelados. Temporalmente, el trabajo se concentra en la evolución del problema carcelaria desde comienzos de los 90 hasta la actualidad.

El estudio está estructurado de la siguente manera (1) A continuación se abordarán algunas consideraciones teóricas, (2) luego se analizarán los cambios insitucionales, (3) la batalla por el concepto de la seguridad ciudadana dominante, (4) las demandas presentadas ante la Comisión y Corte IDH y (5) finalmente las conclusiones.

2. La batalla por los derechos de los encarcelados

2.1. Consideraciones sobre el “boomerang effect”

El modelo delboomerang effectdesarrollado por Risse y Sikkink presupone que la difusión de las normas internacionales de DDHH se ve facilitada por las alianzas que forman ONGs nacionales e internacionales con instituciones internacionales o los gobiernos occidentales, que presionan desde el exterior a los gobiernos que no cumplen con las normas de DDHH. Esto es lo ellos denominan elboomerang effect, que se puede observar cuando

“domestic groups in a repressive stae bypass their state and directly search out international allies to try to bring pressure on their states from outside” (Risse/Sikkink 1999, 18).

Elboomerang effectprovoca que el Estado cambie su posición, en tanto (1) sitúa a los gobiernos que violan los Derechos Humanos en el centro del debate internacional, (2) legitiman las demandas de las ONGs, las protegen de eventuales amenazas del gobierno acusado, lo que permite la creación de movientos y organizaciones pro DDHH. (3) Además, la red transnacional provoca que aúmente la presión sobre los gobiernos que no cumplen las normas, provocando finalmente un cambio en la política del Estado acusado (Risse/Sikkink 1999, 5). Este proceso va acompañado por lasocializacióndel Estado cuestionado, que paso a paso va adoptando e implementado las normas de DDHH^[1].

Un problema central de este modelo teórico es que presupone que las sociedad civil se interesa por la situación de los presos y está a favor de resguardar sus Derechos. Sin embargo, a la luz de las constantes violaciones a los DDHH acontecidas en las cárceles y los escasísimos avances visibles, este resulta ser un supuesto cuestionable.

En este punto se hace necesario explicar brevemente qué se entiende por violación a los Derechos de la población penal. La Corte Interamericana ha incorporado a su jurisprudencia algunos derechos mínimos, siendo el

“Estado garante de los derechos delos detenidos, y debe ofrecer a éstos condiciones de vida compatibles con su dignidad” (en Medina 2007, 71)^[2].

Se considera que el Estado viola los DDHH cuando en las cárceles existe hacinamiento, sevicios sanitarios, higiénicos y médicos insuficientes, y se hace uso indebido de la fuerza, violando la integridad física de la persona o privándola arbritrariamente de su vida (ver Medina 2007).

Se abordará en los siguientes dos capítulos las razones por las cuales el Estado viola los DDHH de los encarcelados y se buscará responder a la interrogante de por qué le ha costado tanto a la Coalición de los Derechos movilizar a la sociedad civil y a las instituciones internacionales para presionar al Estado con el fin de revertir la dramática situación que se vive en las cárceles

2.2. El problema de la seguridad ciudadana en un Estado democrático y anómico

Para entender por qué la Coalición por los Derechos ha tenido tan poco éxito en cambiar las políticas estatales hay que comprender de qué tipo de Estado se habla. El Estado en Latinoamérica demuestra una doble incapacidad. Por un lado, no es capaz de garantizar la seguridad ciudadana, y por otro lado, no respeta los Derechos de la población penal, a pesar de que formalmente reconoce la existencia de los DDHH. En otras palabras, no protege la integridad física de las víctimas ni de los victimarios.

Esta paradoja, obedece a las características propias de las democracias instaladas en Latinoamérica. Exceptuando a Chile^[3], Costa Rica y Uruguay, el Estado en latinoamérica se caracteriza por la “anomia”. El Estado anómico es

“una fuente de desorden. No crea las condiciones para que haya una certeza en cuanto al comportamiento y la orienctación, sino que más bien contribuye a desorientar y confundir a los ciudadanos”. Los funcionarios públicos, los jueces y por cierto la policía “son focos de arbritrariedad y de desviación de las normas” (Waldmann 2006, 19).

El Estado anómico es un Estado estructuralmente débil, que nunca ha realizado definitivamente la “estatalidad”, lo cual se puede obervar claramente en el ámbito legal. Las leyes son aplicadas arbritrariamente por las autoridades públicas y los jueces, siendo éstos inacsequible para una parte importante de la población, que además no confía en ellos. A raíz de ello, el Estado anómico es incapaz de asegurar la convivencia pacífica y el cumplimiento del Derecho para todos sus ciudadanos, incluídos los presos. (Waldmann 2006, 17). En ese sentido, el problema fundamental no es que el Estado reniegue de la legitimidad de los DDHH, sino que no es capaz de implementarlos. Ello es fácilmente observable al obervar las siguientes estadísticas sobre las cárceles.

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Fuente: King´s College London^[5]

Se puede observar en esta tabla que Estado encarcela desmedidamente a supuestos criminales, provocando el hacinamiento de las cárceles, sin que exista ninguna posibilidad realista de que los presos se rehabiliten y se garanticen sus Derechos. Salvo en Venezuela, en cuyas cárceles oficialemente no existe hacinamiento, – y donde por cierto no se garantizan sus derechos – la cantidad de encarcelados ha aumentado notablemente desde los noventa hasta la actualidad.

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Fuente: King´s College London^[6]

Al menos tan grave como el aumento de la población carcelaria y la hacinación es que exista un alto porcentaje de presos que no siquiera han sido condenados, que refleja tanto la desmedida política de encarcelamiento como la ineficiencia del sistema judicial. Considerando que debieran ser los tribunales los garantes de los Derechos de los ciudadanos, se hace patente que recurrir a ellos es una batalla perdida. La Justicia es cómplice, al menos por omisión, de los crímenes que son cometidos en el sistema carcelario (Provea 1996, 46). En Chile, sólo el 60% de los recursos de protección presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel entre 2000 y 2002 han sido declarados admisibles, y de ellos, solo 6,8% fue acogido (FIDH/OMCT 2007, 123). Si en Chile, país modelo de la reforma al Estado, la justicia deja en el más absoluto desamparo a los reclusos, ¿qué alternativas existen entonces para los presos?

La arena internacional es una alternativa viable. Sin embargo, aquí el heho de que el Estado sea formalmente una democracia lleva a que las las ONGs ya no puedan identificar a los Estados que incumplen la norma como Estados evidentemente represivos, debido a que aceptan la normativa internacional de DDHH. Además, por su naturaleza democrática, los regímenes democráticos tienen un espacio de acción considerablemente mayor que los autoritarios, pudiendo por ejemplo, justificar su accionar en diversos foros internacionales, (Fuentes 2002, 3-4). Desde la perspectiva de la comunidad internacional – desaparecidas durante los noventa las cosideraciones de orden ideológicas, propias de la guerra fría – la problemática de los encarcelados es contemplada como una suma de casos aislados, de ocurrencia no sistemática, por lo que no constituye un tema digno de abordar.

Un tercer aspecto que dificulta la acción de las ONGs está también ligado con el arribo de la democracia, que ha pluralizado la discusión en torno al concepto de la seguridad pública, formándose en torno a éste dos bandos: por un lado la Coalición por los Derechos – que incluye en su concepto de seguridad ciudadana el respeto por los Derechos de los victimarios – y por el otro la Coalición del Orden , que responde a las demandas ciudadanas de más seguridad proponiendo más mano dura, relegando al último plano posible la discusión sobre los Derechos.

En resumidas cuentas, las ONGs pro DDHH se encuentran frente a un Estado que no es capaz de implementar la ley y resguardar la integridad física de sus ciudadanos – por lo que no tiene sentido acudir a los tribunales nacionales –, y formalmente democrático, por ello difícil de desacreditar a nivel internacional. A ello se suma la presencia de una poderosa Coalición del Orden, que aboga por una política más represiva para garantizar la seguridad pública.

En el siguiente capítulo se profundizará en las contrapuestas posiciones adoptadas por la Coalición por los Derechos y la Coalición del Orden entorno al concepto de la seguridad ciudadana y la problemática carcelaria.

[...]

^[1]Lasocialización, se caracteriza por tres procesos. (1) El proceso de adaptación y negociación estratégica, (2) el proceso de argumentación, diálogo, persuasión yshamingy (3) el proceso de institucionalización y habitualización (Risse/Sikkink 1999, 11).

^[2]En el fallo contra Perú en 2005 la Corte especificó que “la detención en condiciones de hacinamiento, el asilamiento en celda reducida, con falta de ventilación y liz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, la incomunicación o las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad personal (en Medina 2007, 72)

^[3]Dado que Chile no queda clasificado como un Estado anómico, los argumentos en torno a la anomia tienen validez para Argentina y Venezuela. En el siguiente capítulo se harán algunas obervaciones con respecto a la situación chilena, el único país del grupo seleccionado que ha realizado en gran medida laestatalidad, y a pesar de ello viola los Derechos de los encarcelados.

^[4]No incluye a los recintos carcelarios para los cuales no existe información disponible, 05.09.08.

^[5]http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_country.php? country=224, 05.09.08.

^[6]http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_country.php? country=224, 05.09.08.