El fenómeno del “secuestro alimentario” en la Cuba contemporánea, entendido como la sustracción deliberada de productos agropecuarios de los circuitos legales para su reincorporación en mercados informales, constituye un tema de relevancia académica que ilumina las tensiones estructurales de una economía regulada y una sociedad marcada por la escasez, ofreciendo una perspectiva crítica sobre la gobernabilidad y la exclusión social. Este ensayo analiza cómo este fenómeno trasciende las irregularidades mercantiles para reflejar distorsiones económicas derivadas de precios topados que desincentivan la producción formal, fomentando mercados negros como estrategia de subsistencia. Históricamente, la centralización económica post-Revolución Cubana, la crisis del Período Especial y las reformas parciales de los 2000 configuraron un contexto de escasez que normalizó la informalidad, mientras que la reciente unificación monetaria y la pandemia han agravado la inseguridad alimentaria. Los desarrollos tecnológicos, como la limitada modernización agrícola y el uso de plataformas digitales para coordinar mercados informales, han amplificado estas dinámicas, evidenciando la falta de avances significativos en el sector agropecuario. La normalización del “secuestro alimentario” refleja un deterioro del pacto normativo entre Estado y ciudadanía, manifestado en la anomia social y la resignación colectiva, mientras que la percepción de los alimentos como bienes ajenos transforma la alimentación en un símbolo de desigualdad. Las conclusiones destacan que este fenómeno no solo expone fallas funcionales en la distribución, sino que también cuestiona la legitimidad de los modelos de gobernanza en economías precarias, proponiendo una reflexión sobre la necesidad de reformas que equilibren regulación e incentivos para garantizar el acceso equitativo a los alimentos. Las implicaciones futuras subrayan la urgencia de desarrollar tecnologías agrícolas y políticas públicas innovadoras que mitiguen la escasez y fortalezcan la cohesión social, abriendo caminos para investigaciones que exploren soluciones sostenibles frente a la fragilidad estructural. [...]
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN
En una mañana calurosa en el barrio “El Soplete”
El fenómeno del “secuestro alimentario” en la Cuba contemporánea
Contextualización histórica del problema
Orígenes y consolidación del modelo económico centralizado (1959-1989)
La crisis del Período Especial y la emergencia de la informalidad (1990-2000)
Reformas económicas y persistencia de la informalidad (2000-2020)
La crisis actual y el “secuestro alimentario” como herramienta analítica (2020-2025)
Relevancia de este contexto histórico
Tesis principal o Central del presente Ensayo Académico
Problema de investigación del Estudio
Hipótesis o respuesta tentativa al Problema de Investigación
Objetivo general del presente Ensayo
DISEÑO METODOLÓGICO
La elaboración del presente ensayo académico
La selección de la información
El proceso de análisis implicó una triangulación teórica y empírica
La selección de teorías y conceptos clave
DESARROLLO:
Marco teórico conceptual
Conceptos fundamentales: Escasez, informalidad y mercado negro
Anomia y deterioro del pacto normativo
Dimensiones culturales y psicológicas de la escasez
Gobernabilidad y fragilidad estructural
Interrelación de los conceptos y vinculación con la tesis central
Distorsiones económicas y la lógica del “secuestro alimentario”
Deterioro del pacto normativo y normalización de la anomia
Impactos psicológicos y culturales de la escasez sostenida
Avances tecnológicos y su impacto en el fenómeno
Proyecciones futuras y escenarios posibles
Reflexión crítica: Recursos retóricos y filosóficos
CONCLUSIONES:
CONCLUSIONS:
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
RESUMEN:
El fenómeno del “secuestro alimentario” en la Cuba contemporánea, entendido como la sustracción deliberada de productos agropecuarios de los circuitos legales para su reincorporación en mercados informales, constituye un tema de relevancia académica que ilumina las tensiones estructurales de una economía regulada y una sociedad marcada por la escasez, ofreciendo una perspectiva crítica sobre la gobernabilidad y la exclusión social. Este ensayo analiza cómo este fenómeno trasciende las irregularidades mercantiles para reflejar distorsiones económicas derivadas de precios topados que desincentivan la producción formal, fomentando mercados negros como estrategia de subsistencia. Históricamente, la centralización económica post-Revolución Cubana, la crisis del Período Especial y las reformas parciales de los 2000 configuraron un contexto de escasez que normalizó la informalidad, mientras que la reciente unificación monetaria y la pandemia han agravado la inseguridad alimentaria. Los desarrollos tecnológicos, como la limitada modernización agrícola y el uso de plataformas digitales para coordinar mercados informales, han amplificado estas dinámicas, evidenciando la falta de avances significativos en el sector agropecuario. La normalización del “secuestro alimentario” refleja un deterioro del pacto normativo entre Estado y ciudadanía, manifestado en la anomia social y la resignación colectiva, mientras que la percepción de los alimentos como bienes ajenos transforma la alimentación en un símbolo de desigualdad. Las conclusiones destacan que este fenómeno no solo expone fallas funcionales en la distribución, sino que también cuestiona la legitimidad de los modelos de gobernanza en economías precarias, proponiendo una reflexión sobre la necesidad de reformas que equilibren regulación e incentivos para garantizar el acceso equitativo a los alimentos. Las implicaciones futuras subrayan la urgencia de desarrollar tecnologías agrícolas y políticas públicas innovadoras que mitiguen la escasez y fortalezcan la cohesión social, abriendo caminos para investigaciones que exploren soluciones sostenibles frente a la fragilidad estructural. Este análisis interdisciplinario resalta la importancia de comprender las dimensiones económicas, sociales y culturales del “secuestro alimentario” para abordar los desafíos de subsistencia en contextos de crisis, contribuyendo al debate académico sobre la tecnología, la gobernabilidad y la justicia social.
Palabras clave: Secuestro alimentario, economía regulada, escasez, mercados informales, distorsiones económicas, precios topados, pacto normativo, anomia social, exclusión social, gobernabilidad, crisis alimentaria, modernización agrícola, plataformas digitales, desigualdad, cohesión social, reformas estructurales, subsistencia, resistencia, legitimidad normativa, economía simbólica.
ABSTRACT
The phenomenon of “food kidnapping” in contemporary Cuba, defined as the deliberate withdrawal of agricultural products from legal distribution channels for their reintroduction into informal markets, represents a topic of significant academic relevance, shedding light on the structural tensions of a heavily regulated economy and a society marked by persistent scarcity, while offering a critical perspective on governance and social exclusion. This essay examines how this phenomenon transcends mere market irregularities to reflect economic distortions stemming from price caps that discourage formal production and trade, fostering black markets as a survival strategy. Historically, the centralized economic model following the Cuban Revolution, the crisis of the Special Period, and partial reforms in the 2000s shaped a context of scarcity that normalized informality, while recent monetary unification and the pandemic have exacerbated food insecurity. Technological developments, such as limited agricultural modernization and the use of digital platforms to coordinate informal markets, have amplified these dynamics, highlighting the lack of significant progress in the agricultural sector. The normalization of “food kidnapping” reflects an erosion of the normative pact between state and citizens, evident in social anomie and collective resignation, while the perception of food as an unattainable commodity transforms nourishment into a symbol of inequality. The conclusions emphasize that this phenomenon not only exposes functional failures in distribution but also challenges the legitimacy of governance models in precarious economies, urging reflection on the need for reforms that balance regulation and incentives to ensure equitable food access. Future implications highlight the urgency of developing innovative agricultural technologies and public policies to mitigate scarcity and strengthen social cohesion, paving the way for research into sustainable solutions to structural fragility. This interdisciplinary analysis underscores the importance of understanding the economic, social, and cultural dimensions of “food kidnapping” to address the challenges of subsistence in crisis contexts, contributing to the academic discourse on technology, governance, and social justice.
Keywords: Food kidnapping, regulated economy, scarcity, informal markets, economic distortions, price caps, normative pact, social anomie, social exclusion, governance, food crisis, agricultural modernization, digital platforms, inequality, social cohesion, structural reforms, subsistence, resistance, normative legitimacy, symbolic economy.
INTRODUCCIÓN
En una mañana calurosa en el barrio “El Soplete”, durante una feria agropecuaria, los precios de los productos del agro —ajíes, boniatos, tomates, plátanos— excedían los límites establecidos por las autoridades provinciales. El arribo inesperado de inspectores estatales provocó una reacción inmediata: los vendedores escondieron la mercancía, suspendieron las ventas y cargaron los alimentos, ocultándolos, en un camión para revenderlos más adelante, en otro lugar, sin supervisión. Un niño, Leo, al presenciar la escena, definió de forma cruda lo sucedido con una sola frase: “secuestraron los boniatos y los tomates”, provocando en su madre el reconocimiento de que tal metáfora era más fiel a la verdad que cualquier explicación técnica. En esa vivencia se resume la percepción de un pueblo: aunque los alimentos estén físicamente cerca, están moral, políticamente y económicamente retenidos, sustraídos al ciudadano común por fuerzas que combinan desigualdad, ilegalidad, ánimo desmedido de lucro y excesiva permisibilidad institucional.
Este acto, descrito intuitivamente por el referido infante como un “secuestro” de los alimentos, no es un incidente aislado, sino una práctica sistemática que refleja las profundas tensiones de la Cuba contemporánea. ¿Cómo es posible que, en un país donde la alimentación es un derecho proclamado, los productos esenciales se tornen inaccesibles, transformándose en símbolos de exclusión y poder económico? Esta pregunta, surgida de la experiencia cotidiana, invita a explorar el fenómeno del “secuestro alimentario” como una lente para comprender las complejas dinámicas de una sociedad marcada por la escasez y la fragilidad estructural (Mesa-Lago, 2020).
El fenómeno del “secuestro alimentario” en la Cuba contemporánea, entendido como la práctica deliberada de retirar productos agropecuarios esenciales de los circuitos legales de comercialización para reinsertarlos en mercados informales bajo condiciones más lucrativas, constituye una manifestación crítica de las tensiones estructurales que atraviesan la economía y la sociedad cubana. En un contexto caracterizado por una economía fuertemente regulada, donde los controles estatales imponen precios topados que limitan la rentabilidad de los productores y comerciantes, esta práctica evidencia las distorsiones en la oferta y la demanda, al tiempo que revela un progresivo deterioro del pacto normativo entre el Estado y la ciudadanía. La normalización de conductas anómicas, reflejada en la resignación colectiva ante la inaccesibilidad de bienes esenciales, subraya una crisis de legitimidad normativa que trasciende lo económico para abarcar dimensiones sociales, psicológicas y culturales (Rodríguez, 2021). El término “secuestro alimentario”, lejos de ser una metáfora superficial, emerge como una herramienta analítica que permite desentrañar las interacciones entre poder económico, exclusión social y fragilidad institucional, destacando cómo los alimentos, aunque visibles en los mercados, se perciben como ajenos para amplios sectores de la población.
La relevancia de este tema radica en su capacidad para iluminar las dinámicas de subsistencia y resistencia en economías marcadas por la precariedad, un fenómeno que no es exclusivo de Cuba, pero que en este contexto adquiere características particulares debido a las políticas de intervención estatal y las carencias estructurales sostenidas. La escasez alimentaria, agravada por la crisis económica global y las sanciones externas, ha intensificado las prácticas informales, transformando la alimentación en un símbolo de desigualdad y poder (Torres, 2022). Este análisis resulta atractivo no solo por su enfoque interdisciplinario, que integra perspectivas económicas, sociológicas y antropológicas, sino también por su actualidad, dado que la crisis alimentaria en Cuba se ha agudizado en los últimos años, generando un impacto directo en la vida cotidiana y en la percepción de la gobernabilidad. La pertinencia de este estudio se refuerza al considerar su potencial para contribuir al debate académico sobre los modelos de gobernanza en contextos de fragilidad estructural, ofreciendo una reflexión crítica sobre cómo las políticas económicas y las prácticas sociales interactúan para configurar realidades de exclusión y resistencia (García, 2023). Así, el análisis del “secuestro alimentario” no solo permite identificar fallas en los mecanismos de distribución y control, sino que también invita a repensar las estrategias de gobernabilidad que puedan garantizar la cohesión social y el acceso equitativo a bienes esenciales en economías bajo presión.
Contextualización histórica del problema
La problemática del “secuestro alimentario” en la Cuba contemporánea, entendido como el retiro deliberado de productos agropecuarios de los circuitos legales de comercialización para su reincorporación en mercados informales, no puede comprenderse plenamente sin un análisis histórico que trace las raíces de las tensiones económicas, sociales e institucionales que configuran este fenómeno. Desde los orígenes de la Revolución Cubana en 1959 hasta los desafíos actuales de una economía marcada por la precariedad estructural, la evolución de las políticas económicas, las dinámicas de distribución alimentaria y las relaciones entre Estado y ciudadanía han moldeado un contexto en el que la escasez y la informalidad se han entrelazado de manera compleja. Este apartado examina, desde una perspectiva interdisciplinaria, los antecedentes históricos relevantes, articulando contribuciones de economistas, sociólogos, antropólogos e historiadores para ofrecer una visión crítica y triangulada de la crisis alimentaria cubana y su relación con el concepto de “secuestro alimentario”.
Orígenes y consolidación del modelo económico centralizado (1959-1989)
El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 marcó el inicio de un modelo económico centralizado, fundamentado en la planificación estatal y la nacionalización de los medios de producción, incluyendo el sector agropecuario. Este modelo, inspirado en los principios socialistas, buscaba garantizar la equidad en el acceso a bienes esenciales, como los alimentos, mediante un sistema de distribución basado en la libreta de abastecimiento, conocida como el Sistema de Racionamiento Alimentario (SRA). Según Mesa-Lago (1978), el SRA fue diseñado para asegurar una distribución equitativa de alimentos en un contexto de sanciones económicas internacionales, particularmente el embargo impuesto por Estados Unidos en 1962. Sin embargo, las rigideces de la planificación centralizada pronto evidenciaron limitaciones, como la ineficiencia en la producción agrícola y la dependencia de importaciones, especialmente de la Unión Soviética, que subsidiaba la economía cubana mediante acuerdos comerciales preferenciales (Pérez, 1995).
Durante las décadas de 1960 y 1970, la centralización económica permitió ciertos avances en indicadores sociales, pero también generó distorsiones en el mercado agropecuario. Los precios fijados por el Estado, destinados a proteger a los consumidores, desincentivaron la producción, ya que los agricultores enfrentaban márgenes de ganancia reducidos o inexistentes (Eckstein, 2003). Esta situación fomentó las primeras manifestaciones de mercados informales, donde productos agrícolas se comercializaban a precios superiores fuera de los circuitos estatales. Autores como Álvarez (2004) señalan que estas prácticas, aunque inicialmente marginales, reflejaban una tensión estructural entre las regulaciones estatales y las necesidades de subsistencia de los actores económicos, sentando las bases para lo que posteriormente se conceptualizaría como “secuestro alimentario”.
La crisis del Período Especial y la emergencia de la informalidad (1990-2000)
La disolución de la Unión Soviética en 1991 y la consecuente pérdida de subsidios económicos desencadenaron el Período Especial en Tiempos de Paz, una crisis económica sin precedentes que marcó un punto de inflexión en la historia alimentaria de Cuba. La caída del comercio con el bloque socialista redujo drásticamente las importaciones de alimentos, combustibles y fertilizantes, provocando una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente un 35% entre 1990 y 1993 (Mesa-Lago, 2020). En este contexto, la escasez alimentaria se agudizó, y el SRA, incapaz de satisfacer la demanda, perdió eficacia como mecanismo de distribución equitativa. Según Torres (2022), la crisis alimentaria no solo exacerbó las carencias materiales, sino que también generó un impacto psicológico profundo, al transformar los alimentos en bienes percibidos como escasos y, por ende, valiosos.
La respuesta del gobierno cubano incluyó tímidas reformas económicas, como la legalización de mercados agropecuarios en 1994, que permitieron a los productores vender excedentes a precios de mercado. Sin embargo, los controles estatales, como los precios topados, continuaron limitando la rentabilidad, incentivando la desviación de productos hacia mercados informales. Rodríguez (2021) argumenta que esta etapa marcó un punto de quiebre en el pacto normativo entre Estado y ciudadanía, ya que la incapacidad del gobierno para garantizar el acceso a alimentos erosionó la confianza en las instituciones. La normalización de prácticas informales, como la venta de productos agrícolas en circuitos clandestinos, comenzó a configurarse como una estrategia de subsistencia frente a las regulaciones ineficaces, sentando un precedente histórico para el fenómeno del “secuestro alimentario”.
Reformas económicas y persistencia de la informalidad (2000-2020)
A partir de la década de 2000, el gobierno cubano implementó reformas económicas bajo la presidencia de Raúl Castro, conocidas como los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (2011). Estas reformas buscaban flexibilizar el modelo económico, promoviendo el trabajo por cuenta propia y la descentralización parcial del sector agropecuario. Sin embargo, como señala García (2023), las reformas no lograron resolver las distorsiones estructurales del mercado alimentario, ya que los controles de precios y las restricciones burocráticas persistieron. Los productores, enfrentados a costos de producción elevados y márgenes de ganancia limitados, continuaron desviando productos hacia mercados informales, donde podían obtener mayores beneficios.
En este período, el concepto de “secuestro alimentario” comenzó a tomar forma como una práctica sistemática. Autores como Henken (2017) destacan que la informalidad no solo respondía a incentivos económicos, sino que también reflejaba una creciente anomia social, entendida como la ruptura de las normas que regulan la interacción entre Estado y ciudadanos. La resignación colectiva ante la inaccesibilidad de los alimentos, descrita por antropólogos como un fenómeno cultural (Holgado Fernández, 2000), transformó la percepción de los alimentos en símbolos de exclusión social. Los productos agrícolas, aunque visibles en los mercados informales, se tornaron inaccesibles para amplios sectores de la población, reforzando dinámicas de desigualdad y poder económico.
La crisis actual y el “secuestro alimentario” como herramienta analítica (2020-2025)
Desde 2020, la confluencia de la pandemia de COVID-19, el endurecimiento del embargo estadounidense y la unificación monetaria de 2021 ha profundizado la crisis alimentaria en Cuba. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA, 2023), aproximadamente el 70% de la población cubana enfrenta inseguridad alimentaria en algún grado, un indicador que refleja la magnitud de la escasez. En este contexto, el “secuestro alimentario” se ha consolidado como una práctica generalizada, donde los actores económicos, desde pequeños productores hasta intermediarios, sustraen bienes esenciales del mercado formal para reinsertarlos en circuitos informales a precios especulativos. Esta dinámica, como argumenta Torres (2022), no solo responde a las distorsiones económicas, sino que también evidencia una crisis de gobernabilidad, donde la incapacidad del Estado para regular eficazmente el mercado alimentario ha debilitado su legitimidad normativa.
La metáfora del “secuestro alimentario”, propuesta inicialmente desde observaciones etnográficas (Rodríguez, 2021), trasciende el lenguaje figurado para convertirse en una herramienta analítica que articula las dimensiones económicas, sociales y simbólicas de la crisis. Desde la economía, autores como Mesa-Lago (2020) destacan cómo las regulaciones ineficaces generan incentivos perversos que perpetúan la informalidad. Desde la sociología, García (2023) subraya la erosión del pacto social, visible en la normalización de la anomia y la resignación colectiva. Desde la antropología, Holgado Fernández (2000) y Torres (2022) analizan los impactos culturales de la escasez, donde los alimentos, al ser percibidos como ajenos, refuerzan sentimientos de exclusión y desamparo. Esta perspectiva interdisciplinaria permite comprender el “secuestro alimentario” como una expresión de las tensiones estructurales que atraviesan la Cuba contemporánea, conectando las fallas funcionales del sistema de distribución con las dinámicas de poder económico y exclusión social.
Relevancia de este contexto histórico
El análisis histórico revela que el “secuestro alimentario” no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una trayectoria de políticas económicas, tensiones sociales y fragilidades institucionales que han evolucionado desde la Revolución Cubana hasta la actualidad. La centralización económica de las décadas iniciales, la crisis del Período Especial, las reformas parciales de los 2000 y la agudización de la escasez en los últimos años han configurado un contexto en el que la informalidad se ha normalizado como estrategia de subsistencia. Este fenómeno, alineado con la tesis central del ensayo, refleja las distorsiones generadas por regulaciones ineficaces, el deterioro del pacto normativo y los impactos psicológicos y culturales de la escasez sostenida. El objetivo general del ensayo, centrado en analizar estas interacciones para reflexionar sobre los modelos de gobernabilidad, encuentra en esta contextualización histórica un fundamento sólido para comprender las dinámicas de subsistencia y resistencia en economías marcadas por la precariedad.
Tesis principal o Central del presente Ensayo Académico
En el contexto de la Cuba contemporánea, caracterizada por una economía fuertemente regulada y una sociedad tensionada por carencias estructurales, el fenómeno del retiro deliberado de productos agropecuarios de los circuitos legales de comercialización revela una dinámica profunda que trasciende las irregularidades mercantiles: el “secuestro alimentario”. Esta práctica, mediante la cual actores económicos sustraen bienes esenciales del mercado formal para reinsertarlos en circuitos informales bajo condiciones más lucrativas, evidencia las distorsiones generadas por regulaciones ineficaces y refleja un deterioro del pacto normativo entre Estado y ciudadanía, manifestado en la normalización de la anomia y la resignación frente a la inaccesibilidad de los alimentos. El concepto de “secuestro alimentario”, lejos de ser una mera metáfora, constituye una herramienta analítica que ilumina las interacciones entre poder económico, exclusión social y fragilidad institucional, al tiempo que pone de relieve los impactos psicológicos y culturales de una escasez sostenida, donde los alimentos, aunque visibles, se perciben como ajenos. Este análisis interdisciplinario, que articula las dimensiones económicas, sociales y simbólicas de la crisis alimentaria, ofrece una reflexión crítica sobre los modelos de gobernabilidad y legitimidad normativa en economías marcadas por la precariedad, proponiendo una perspectiva innovadora que enriquece el debate académico sobre las dinámicas de subsistencia y resistencia en contextos de fragilidad estructural, en línea con los intereses de la Editorial GRIN por investigaciones que aborden problemáticas sociales complejas desde enfoques analíticos rigurosos y socialmente relevantes.
Problema de investigación del Estudio
¿Cómo el fenómeno del “secuestro alimentario” en la Cuba contemporánea, caracterizado por el retiro deliberado de productos agropecuarios de los circuitos legales de comercialización, revela las interacciones entre las distorsiones económicas provocadas por regulaciones ineficaces, el deterioro del pacto normativo entre Estado y ciudadanía, y los impactos psicológicos y culturales de una escasez sostenida, contribuyendo así a una comprensión crítica de los modelos de gobernabilidad y legitimidad normativa en contextos de fragilidad estructural?
Hipótesis o respuesta tentativa al Problema de Investigación
Se plantea que el fenómeno del “secuestro alimentario” en la Cuba contemporánea, entendido como la práctica sistemática de sustraer productos agropecuarios esenciales del mercado formal para reinsertarlos en circuitos informales bajo condiciones más lucrativas, constituye una expresión material y simbólica de las tensiones estructurales derivadas de una economía fuertemente regulada. Esta práctica no solo responde a las distorsiones en la oferta y la demanda generadas por controles estatales ineficaces, que imponen precios topados y limitan la rentabilidad de los actores económicos, sino que también evidencia un progresivo deterioro del pacto normativo entre Estado y ciudadanía, observable en la normalización de conductas anómicas y en la resignación colectiva frente a la inaccesibilidad de bienes esenciales. Asimismo, se sostiene que el “secuestro alimentario” trasciende su dimensión económica al generar impactos psicológicos y culturales profundos, manifestados en la percepción de los alimentos como bienes ajenos o inalcanzables, lo que refuerza dinámicas de exclusión social y debilita la confianza en las instituciones. Desde un enfoque interdisciplinario, se argumenta que este fenómeno refleja una crisis de gobernabilidad y legitimidad normativa, donde la alimentación se convierte en un símbolo de poder económico y desigualdad social. Por tanto, el análisis del “secuestro alimentario” permite identificar las fallas funcionales en los mecanismos de distribución y control, al tiempo que ofrece una perspectiva crítica sobre las tensiones estructurales que subyacen en economías marcadas por la precariedad, contribuyendo a la reformulación de modelos de gobernanza que respondan a las necesidades de subsistencia y cohesión social en contextos de fragilidad.
Objetivo general del presente Ensayo
Analizar el fenómeno del “secuestro alimentario” en la Cuba contemporánea como una práctica que revela las interacciones entre las distorsiones económicas derivadas de regulaciones ineficaces, el deterioro del pacto normativo entre Estado y ciudadanía, y los impactos psicológicos y culturales de la escasez sostenida, con el propósito de ofrecer una reflexión crítica sobre los modelos de gobernabilidad y legitimidad normativa en economías marcadas por la fragilidad estructural, contribuyendo al debate académico sobre las dinámicas de subsistencia y resistencia en contextos de precariedad.
DISEÑO METODOLÓGICO
La elaboración del presente ensayo académico, requirió un proceso metodológico riguroso y estructurado, diseñado para garantizar la profundidad analítica, la coherencia argumentativa y la solidez académica del texto. Este proceso comenzó con la identificación del tema central, derivado de la problemática de la crisis alimentaria en Cuba, y su relevancia como fenómeno multidimensional que abarca dimensiones económicas, sociales, culturales e institucionales. La metodología se fundamentó en un enfoque interdisciplinario que integró perspectivas de la economía política, la sociología, la antropología y los estudios de gobernabilidad, asegurando una visión crítica y triangulada del fenómeno. Este enfoque permitió articular los argumentos en torno a la tesis central, que plantea al “secuestro alimentario” como una práctica reveladora de tensiones estructurales y fallas en la gobernabilidad.
La selección de la información se basó en una búsqueda sistemática en bases de datos académicas reconocidas, como Google Scholar, JSTOR y Scopus, utilizando términos clave como “food insecurity Cuba,” “informal markets,” “anomie,” y “governance in socialist economies.” Estas bases proporcionaron acceso a artículos revisados por pares, libros académicos y reportes institucionales, priorizando fuentes publicadas en los últimos cinco años para garantizar la actualidad de los datos, aunque también se incluyeron textos seminales para contextualizar históricamente el tema (Mesa-Lago, 1978; Kornai, 1992). Se consultaron informes del Programa Mundial de Alimentos (PMA, 2023) para obtener datos empíricos sobre la inseguridad alimentaria, complementados con estudios etnográficos y sociológicos específicos sobre Cuba (Rodríguez, 2021; Torres, 2022). La selección de fuentes se guió por criterios de relevancia, autoridad académica y diversidad disciplinaria, asegurando que cada fuente aportara una perspectiva única al análisis.
El proceso de análisis implicó una triangulación teórica y empírica, donde se contrastaron enfoques de autores como Kornai (1992), quien analiza las economías de escasez, con los de Merton (1968), centrado en la anomia, y Holgado Fernández (2000), que explora los impactos culturales de la crisis. Esta triangulación permitió construir un marco teórico robusto que conectara las distorsiones económicas con el deterioro normativo y los efectos psicológicos y culturales. Los datos empíricos, como estadísticas sobre inseguridad alimentaria y estimaciones del mercado informal, se integraron para respaldar los argumentos, mientras que las citas textuales y paráfrasis se emplearon para dar voz a los autores y reforzar la argumentación sin comprometer la originalidad del análisis.
La estructura del ensayo se diseñó para garantizar una progresión lógica y fluida. El texto inicial introductorio, basado en una anécdota etnográfica, buscó captar la atención del lector y establecer la relevancia del tema. La introducción contextualizó la problemática, presentando la tesis central, la pregunta de investigación, la hipótesis y el objetivo general. El marco histórico trazó la evolución de la crisis alimentaria desde la Revolución Cubana hasta la actualidad, mientras que el marco teórico conceptual articuló conceptos clave como escasez, anomia y gobernabilidad. El desarrollo, como sección principal, profundizó en los argumentos económicos, sociales y culturales, integrando evidencias empíricas y proyecciones futuras. Las conclusiones sintetizaron los hallazgos, ofreciendo una reflexión crítica sobre las implicaciones del fenómeno. La coherencia se aseguró mediante transiciones lógicas entre secciones, revisando iterativamente el texto para evitar repeticiones y mantener un hilo conductor centrado en la tesis.
La selección de teorías y conceptos clave se basó en su capacidad para explicar las dimensiones del “secuestro alimentario”. Por ejemplo, la teoría de la anomia de Merton (1968) se aplicó para analizar el deterioro normativo, mientras que la economía simbólica de la privación, propuesta por Holgado Fernández (2000), iluminó los impactos culturales. Estos conceptos se integraron de manera orgánica, asegurando que cada sección del ensayo contribuyera a responder la pregunta de investigación y a cumplir el objetivo general. La traducción al inglés del resumen y las conclusiones siguió un proceso de revisión para garantizar precisión y fluidez, ajustando términos para mantener el tono académico. Este enfoque metodológico, centrado en la triangulación, la selección rigurosa de fuentes y la estructuración lógica, permitió desarrollar un ensayo que no solo analiza el “secuestro alimentario” como fenómeno, sino que también propone reflexiones críticas sobre la gobernabilidad en contextos de precariedad.
DESARROLLO:
Marco teórico conceptual
El análisis del fenómeno del “secuestro alimentario” en la Cuba contemporánea requiere un marco teórico conceptual que articule perspectivas interdisciplinarias para comprender las interacciones entre las distorsiones económicas, el deterioro del pacto normativo y los impactos psicológicos y culturales de la escasez sostenida. Este marco se fundamenta en conceptos clave de la economía política, la sociología de la anomia, la antropología de la escasez y la teoría de la gobernabilidad, que permiten desentrañar las dimensiones materiales y simbólicas de la crisis alimentaria cubana. Al integrar estas perspectivas, se construye una base analítica que ilumina la relevancia del “secuestro alimentario” como herramienta para comprender las dinámicas de subsistencia, exclusión social y fragilidad institucional en economías marcadas por la precariedad, alineándose directamente con la tesis principal, la pregunta de investigación, la hipótesis y el objetivo general del ensayo.
Conceptos fundamentales: Escasez, informalidad y mercado negro
El concepto de escasez constituye el punto de partida para analizar el “secuestro alimentario”. Desde la economía, la escasez se define como la insuficiencia de recursos para satisfacer las necesidades de una población, un fenómeno exacerbado en economías centralizadas donde los controles estatales distorsionan la oferta y la demanda (Kornai, 1992). En el contexto cubano, la escasez alimentaria no solo responde a limitaciones productivas, sino también a políticas de precios topados que desincentivan la comercialización formal, incentivando la desviación de productos hacia circuitos informales. La informalidad, entendida como las actividades económicas que operan fuera de las regulaciones estatales (Portes & Haller, 2005), emerge como una respuesta adaptativa a estas distorsiones. En Cuba, los mercados informales, a menudo denominados mercados negros, han proliferado como espacios donde los productos agrícolas se comercializan a precios especulativos, sustrayéndose del acceso popular (Henken, 2017). Estos conceptos, aunque aparentemente simples, son esenciales para comprender el “secuestro alimentario” como una práctica que trasciende la mera irregularidad mercantil, configurándose como una estrategia de subsistencia en un contexto de precariedad económica.
Anomia y deterioro del pacto normativo
Desde la sociología, el concepto de anomia, desarrollado por Durkheim (1897) y reelaborado por Merton (1968), resulta crucial para analizar el deterioro del pacto normativo entre Estado y ciudadanía en Cuba. La anomia describe un estado de desregulación normativa donde las reglas sociales pierden legitimidad, llevando a conductas que desafían las instituciones establecidas. En el contexto cubano, la imposición de controles económicos ineficaces, como los precios topados, ha generado una disonancia entre las expectativas de equidad promovidas por el Estado y la realidad de inaccesibilidad alimentaria. Rodríguez (2021) argumenta que esta disonancia ha normalizado prácticas como el “secuestro alimentario”, donde los actores económicos, al evadir regulaciones, no solo buscan maximizar beneficios, sino que también reflejan una ruptura del contrato social. El pacto normativo, entendido como el acuerdo implícito entre Estado y ciudadanos para adherirse a normas compartidas (Rousseau, 1762), se debilita cuando las políticas estatales no garantizan el acceso equitativo a bienes esenciales, fomentando una resignación colectiva ante la informalidad (García, 2023). Este marco sociológico permite conectar la práctica del “secuestro alimentario” con la erosión de la legitimidad institucional, un aspecto central de la tesis del ensayo.
Dimensiones culturales y psicológicas de la escasez
La antropología aporta una perspectiva complementaria al analizar los impactos culturales y psicológicos de la escasez sostenida. La percepción de los alimentos como bienes “ajenos” o inalcanzables, un fenómeno descrito por Holgado Fernández (2000), transforma la alimentación en un símbolo de exclusión social. En Cuba, la visibilidad de productos agrícolas en mercados informales, a precios prohibitivos, refuerza sentimientos de desamparo y desigualdad, configurando lo que Torres (2022) denomina una “economía simbólica de la privación”. Desde la psicología social, autores como Lazarus y Folkman (1984) destacan que la escasez crónica genera estrés colectivo, al percibirse los recursos como incontrolables, lo que contribuye a una resignación cultural frente a la inaccesibilidad. Esta resignación, lejos de ser pasiva, se entrelaza con estrategias de resistencia, como la participación en mercados informales, que permiten a los actores económicos sortear las limitaciones impuestas por el Estado. La noción de “secuestro alimentario” encapsula estas dinámicas, al destacar cómo los alimentos, más allá de su valor nutricional, se convierten en símbolos de poder económico y exclusión social.
Gobernabilidad y fragilidad estructural
El concepto de gobernabilidad, entendido como la capacidad del Estado para gestionar recursos y mantener la legitimidad frente a la ciudadanía (Kaufmann et al., 2010), proporciona un marco para analizar las implicaciones institucionales del “secuestro alimentario”. En economías marcadas por la precariedad, la gobernabilidad se ve comprometida cuando las políticas públicas no logran satisfacer necesidades básicas, como el acceso a alimentos. En Cuba, las regulaciones ineficaces, como los controles de precios, han generado incentivos perversos que perpetúan la informalidad, debilitando la confianza en las instituciones (Mesa-Lago, 2020). La teoría de la fragilidad estructural, desarrollada por autores como Stewart y Brown (2010), resulta pertinente para comprender cómo la interacción entre fallas económicas, anomia social y percepciones de exclusión configura un contexto de inestabilidad institucional. El “secuestro alimentario” emerge como una expresión de esta fragilidad, al evidenciar la incapacidad del Estado para regular eficazmente el mercado alimentario y garantizar la cohesión social.
Interrelación de los conceptos y vinculación con la tesis central
Los conceptos de escasez, informalidad, anomia, economía simbólica y gobernabilidad se interrelacionan para formar un marco teórico que ilumina el fenómeno del “secuestro alimentario”. La escasez, como condición estructural, impulsa la informalidad como estrategia de subsistencia, mientras que la anomia refleja la ruptura del pacto normativo que sustenta la gobernabilidad. A su vez, la percepción cultural de los alimentos como bienes ajenos refuerza las dinámicas de exclusión social, consolidando la fragilidad estructural del sistema. Estos conceptos se vinculan directamente con la tesis central del ensayo, que plantea al “secuestro alimentario” como una herramienta analítica para comprender las interacciones entre distorsiones económicas, deterioro normativo y efectos psicológicos y culturales de la escasez. La pregunta de investigación, centrada en cómo este fenómeno revela las tensiones estructurales en Cuba, encuentra en este marco una base para analizar las fallas funcionales del sistema de distribución y las implicaciones para la gobernabilidad. La hipótesis, que sostiene que el “secuestro alimentario” refleja una crisis multidimensional, se fundamenta en la integración de estas perspectivas, mientras que el objetivo general, orientado a reflexionar sobre los modelos de gobernanza, se nutre de la capacidad de este marco para articular las dimensiones económicas, sociales y simbólicas del problema.
La relevancia de este marco radica en su enfoque interdisciplinario, que triangula aportes de la economía, la sociología, la antropología y los estudios de gobernabilidad para ofrecer una visión matizada de la crisis alimentaria cubana. Al contrastar las perspectivas de Kornai (1992) sobre las economías de escasez, Merton (1968) sobre la anomia, Holgado Fernández (2000) sobre los impactos culturales y Kaufmann et al. (2010) sobre la gobernabilidad, se construye un entramado teórico que no solo explica el “secuestro alimentario”, sino que también contribuye al debate académico sobre las dinámicas de subsistencia y resistencia en contextos de precariedad. Este marco, al alinearse con la tesis central y el objetivo general, proporciona una base sólida para analizar las complejidades del fenómeno y proponer reflexiones críticas sobre los modelos de gobernanza en economías frágiles.
Distorsiones económicas y la lógica del “secuestro alimentario”
La práctica del “secuestro alimentario” responde a las distorsiones económicas generadas por un sistema de planificación centralizada que impone precios topados en el mercado agropecuario. Estas regulaciones, destinadas a garantizar la equidad, limitan la rentabilidad de productores y comerciantes, incentivando la desviación de productos hacia circuitos informales donde los precios reflejan la escasez real. Según Mesa-Lago (2020), los precios topados en Cuba, implementados desde los años sesenta, han generado una brecha entre los costos de producción y los ingresos, lo que empuja a los actores económicos a operar fuera del marco legal. En 2023, el Programa Mundial de Alimentos (PMA, 2023) reportó que el 70% de la población cubana enfrenta inseguridad alimentaria, un indicador que refleja cómo la escasez estructural fomenta prácticas como el “secuestro alimentario”. Esta dinámica no es exclusiva de Cuba; Kornai (1992) describe cómo las economías de escasez generan mercados negros como respuesta adaptativa a regulaciones ineficaces, un fenómeno observable en otros contextos socialistas históricos, como la Unión Soviética.
La informalidad, lejos de ser un acto aislado, se ha sistematizado en Cuba debido a la incapacidad del sistema de distribución estatal para satisfacer la demanda. Torres (2022) señala que, en 2021, el mercado informal representaba aproximadamente el 40% de las transacciones de productos agrícolas en La Habana, un porcentaje que evidencia la magnitud del fenómeno. Esta desviación de productos no solo responde a incentivos económicos, sino que también refleja una racionalidad estratégica: los actores económicos, al sustraer bienes del mercado formal, maximizan sus beneficios en un contexto donde la oferta es limitada y la demanda es alta. Este argumento se conecta directamente con la tesis central, que plantea al “secuestro alimentario” como una expresión de las distorsiones económicas, al tiempo que subraya la necesidad de analizar sus implicaciones más allá de lo mercantil.
Deterioro del pacto normativo y normalización de la anomia
El “secuestro alimentario” no puede comprenderse únicamente desde una perspectiva económica; su normalización refleja un deterioro del pacto normativo entre Estado y ciudadanía. La sociología de la anomia, desarrollada por Merton (1968), ofrece un marco para entender cómo la incapacidad del Estado para garantizar el acceso equitativo a los alimentos ha erosionado la legitimidad de las normas. En Cuba, las políticas de control económico, como las inspecciones y sanciones a los mercados informales, han sido insuficientes para contrarrestar la desviación de productos, lo que ha generado una resignación colectiva frente a la informalidad (Rodríguez, 2021). Esta resignación no implica una aceptación pasiva, sino una adaptación pragmática: los ciudadanos, al participar en mercados informales como compradores o vendedores, perpetúan el ciclo del “secuestro alimentario” como una estrategia de subsistencia.
García (2023) argumenta que la anomia en Cuba se manifiesta en la percepción de que las normas estatales son ineficaces o injustas, lo que lleva a los actores económicos a operar al margen de la legalidad. Por ejemplo, un estudio etnográfico realizado en mercados de La Habana reveló que los vendedores justifican la venta de productos a precios especulativos como una “necesidad” frente a los bajos precios oficiales, una práctica que los consumidores, aunque resentidos, aceptan por falta de alternativas (Torres, 2022). Este deterioro del pacto normativo, central en la hipótesis del ensayo, evidencia cómo el “secuestro alimentario” no es solo una respuesta económica, sino también una expresión de la ruptura de la confianza en las instituciones, lo que compromete la gobernabilidad.
Impactos psicológicos y culturales de la escasez sostenida
La dimensión psicológica y cultural del “secuestro alimentario” revela cómo la escasez transforma la percepción de los alimentos en símbolos de exclusión y poder. Desde la antropología, Holgado Fernández (2000) describe cómo la visibilidad de productos agrícolas en mercados informales, a precios inaccesibles para la mayoría, genera una “economía simbólica de la privación” que refuerza sentimientos de desigualdad. En Cuba, la percepción de los alimentos como bienes “ajenos” ha generado un impacto psicológico profundo, descrito por Lazarus y Folkman (1984) como estrés colectivo derivado de la pérdida de control sobre recursos esenciales. Un informe del PMA (2023) indica que el 80% de los hogares cubanos reporta ansiedad relacionada con la inseguridad alimentaria, un dato que conecta directamente con la tesis central del ensayo, que destaca los efectos psicológicos de la escasez.
Culturalmente, el “secuestro alimentario” ha transformado la alimentación en un campo de batalla simbólico. Los alimentos, al ser sustraídos del mercado formal, se convierten en objetos de poder económico, accesibles solo para quienes pueden pagar precios especulativos. Esta dinámica, según Torres (2022), refuerza la exclusión social, ya que los sectores más vulnerables, como los jubilados o las familias de bajos ingresos, quedan marginados del acceso a bienes esenciales. La normalización de esta exclusión, aceptada como parte de la vida cotidiana, refleja una resignación cultural que, paradójicamente, coexiste con estrategias de resistencia, como la participación en redes informales de trueque o compra. Este argumento secundario, vinculado al objetivo general del ensayo, subraya la necesidad de analizar el “secuestro alimentario” desde una perspectiva interdisciplinaria que articule las dimensiones económica, social y simbólica.
Avances tecnológicos y su impacto en el fenómeno
Los avances tecnológicos han jugado un papel ambivalente en la evolución del “secuestro alimentario”. Por un lado, la falta de modernización tecnológica en el sector agropecuario cubano ha contribuido a la escasez estructural. Según Mesa-Lago (2020), la baja inversión en maquinaria agrícola y fertilizantes, agravada por el embargo y la crisis económica, ha limitado la productividad, lo que reduce la oferta en los mercados formales y fomenta la desviación hacia circuitos informales. Por otro lado, la proliferación de tecnologías de comunicación, como las plataformas digitales y las aplicaciones de mensajería, ha facilitado la organización de mercados negros. Henken (2017) documenta cómo los vendedores utilizan grupos de WhatsApp para coordinar la venta de productos agrícolas a precios especulativos, un fenómeno que ha crecido desde 2020 con la expansión del acceso a internet en Cuba.
No existen fabricantes o naciones específicas que dominen estas dinámicas tecnológicas en el contexto cubano, ya que la informalidad opera de manera descentralizada. Sin embargo, la influencia de actores externos, como las remesas enviadas desde Estados Unidos, ha incrementado la capacidad de ciertos sectores para participar en mercados informales, lo que amplifica las desigualdades (Torres, 2022). En el futuro, la adopción de tecnologías agrícolas, como sistemas de riego o cultivos hidropónicos, podría mitigar la escasez, pero su implementación requiere reformas estructurales que superen las limitaciones actuales del modelo económico cubano. Sin estas reformas, el “secuestro alimentario” probablemente persistirá como una estrategia adaptativa frente a la precariedad.
Proyecciones futuras y escenarios posibles
Las proyecciones futuras del “secuestro alimentario” dependen de la evolución de las políticas económicas y la capacidad del Estado para restaurar la legitimidad normativa. Un escenario optimista implicaría una flexibilización de los controles de precios y una mayor inversión en el sector agropecuario, lo que podría reducir los incentivos para la informalidad (Mesa-Lago, 2020). Sin embargo, un escenario más probable, según García (2023), es la persistencia de la crisis alimentaria debido a las restricciones externas, como el embargo, y las limitaciones internas, como la burocracia. En este contexto, el “secuestro alimentario” podría intensificarse, consolidando los mercados informales como el principal canal de distribución de alimentos. Este escenario plantea desafíos para la gobernabilidad, ya que la normalización de la informalidad podría erosionar aún más la confianza en las instituciones, generando un ciclo de fragilidad estructural.
Desde una perspectiva crítica, la resolución del “secuestro alimentario” requiere abordar no solo las fallas económicas, sino también las dinámicas sociales y culturales que perpetúan la exclusión. Las políticas públicas deben equilibrar la regulación con incentivos para la producción formal, al tiempo que fomentan la cohesión social a través de una distribución equitativa. Sin estas medidas, el fenómeno podría evolucionar hacia formas más complejas de informalidad, como redes transnacionales de comercio alimentario, un riesgo señalado por Henken (2017) en el contexto de la globalización.
Reflexión crítica: Recursos retóricos y filosóficos
El “secuestro alimentario” puede analizarse mediante un silogismo: si las regulaciones económicas ineficaces generan escasez, y la escasez fomenta prácticas informales, entonces el “secuestro alimentario” es una consecuencia lógica de un sistema económico disfuncional. Esta deducción, sin embargo, no captura la complejidad del fenómeno, que trasciende la lógica económica para convertirse en un símbolo de desigualdad. Una analogía ilustrativa es la del “alimento como rehén”: así como un secuestrador retiene a una persona para obtener un rescate, los actores económicos retienen los alimentos para maximizar beneficios, dejando a la población como rehén de un sistema que promete equidad pero entrega exclusión.
Un corolario de esta analogía es que la alimentación, en Cuba, se ha transformado en un símbolo de poder económico, donde el acceso a los alimentos define las jerarquías sociales. Esta idea se refuerza mediante un símil: el mercado informal es como un espejismo en el desierto, donde los alimentos están visibles, pero fuera del alcance de la mayoría. La metáfora del “secuestro alimentario” encapsula esta paradoja, al representar los alimentos como bienes raptados, no por un solo actor, sino por un sistema estructural que perpetúa la privación. Desde un punto de vista filosófico, esta dinámica plantea una contradicción interna: el ideal socialista de equidad choca con la realidad de una economía informal que reproduce desigualdades, una tensión que cuestiona la legitimidad del modelo de gobernanza cubano.
Esta reflexión crítica subraya la relevancia del “secuestro alimentario” como herramienta analítica, al conectar las dimensiones económicas, sociales y simbólicas de la crisis. La pregunta de investigación, centrada en cómo este fenómeno revela las tensiones estructurales, encuentra en este análisis una respuesta matizada: el “secuestro alimentario” no es solo un síntoma de fallas económicas, sino una expresión de la fragilidad institucional y la exclusión social. El objetivo general del ensayo, orientado a reflexionar sobre los modelos de gobernabilidad, se fortalece al considerar estas dinámicas como un llamado a repensar las políticas públicas en contextos de precariedad.
CONCLUSIONES:
El análisis del fenómeno del “secuestro alimentario” en la Cuba contemporánea revela una crisis multidimensional que trasciende las irregularidades mercantiles para convertirse en una expresión material y simbólica de las tensiones estructurales de una economía fuertemente regulada y una sociedad marcada por la escasez sostenida. Este fenómeno, caracterizado por la sustracción deliberada de productos agropecuarios de los circuitos legales para su reincorporación en mercados informales, evidencia las distorsiones económicas generadas por regulaciones ineficaces, como los precios topados, que desincentivan la producción y comercialización formal, perpetuando un ciclo de informalidad que compromete el acceso equitativo a los alimentos. La normalización de estas prácticas refleja un deterioro profundo del pacto normativo entre Estado y ciudadanía, manifestado en una resignación colectiva que, lejos de ser pasiva, se entrelaza con estrategias de subsistencia y resistencia frente a la precariedad. Asimismo, la percepción de los alimentos como bienes ajenos o inalcanzables transforma la alimentación en un símbolo de exclusión social y poder económico, generando impactos psicológicos y culturales que refuerzan sentimientos de desigualdad y desamparo. La integración de perspectivas económicas, sociológicas, antropológicas y de gobernabilidad permite comprender el “secuestro alimentario” como una herramienta analítica que desentraña las complejas interacciones entre la fragilidad institucional, la anomia social y la economía simbólica de la privación. La persistencia de este fenómeno, agravada por la falta de modernización tecnológica en el sector agropecuario y el uso de plataformas digitales para coordinar mercados informales, sugiere que sin reformas estructurales que equilibren regulación e incentivos, la crisis alimentaria continuará profundizando la exclusión y erosionando la legitimidad normativa. Las proyecciones futuras apuntan a la necesidad de repensar los modelos de gobernanza para garantizar la cohesión social y el acceso equitativo a bienes esenciales, un desafío que trasciende lo económico para abarcar las dimensiones éticas y culturales de la subsistencia. En última instancia, el “secuestro alimentario” no solo expone las fallas funcionales de un sistema, sino que también invita a reflexionar sobre la paradoja de una sociedad que, en su búsqueda de equidad, enfrenta el desafío de reconstruir un contrato social que restituya la confianza en las instituciones y la dignidad en el acceso a los alimentos.
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CONCLUSIONS:
The analysis of the “food kidnapping” phenomenon in contemporary Cuba reveals a multidimensional crisis that extends beyond mere market irregularities to embody a material and symbolic expression of the structural tensions within a heavily regulated economy and a society marked by persistent scarcity. This phenomenon, characterized by the deliberate withdrawal of agricultural products from legal distribution channels for their reintroduction into informal markets, highlights the economic distortions stemming from ineffective regulations, such as price caps, which discourage formal production and trade, perpetuating a cycle of informality that undermines equitable access to food. The normalization of these practices reflects a profound erosion of the normative pact between the state and its citizens, evident in a collective resignation that, far from passive, intertwines with strategies of survival and resistance amid precarity. Moreover, the perception of food as an unattainable or alien commodity transforms nourishment into a symbol of social exclusion and economic power, fostering psychological and cultural impacts that intensify feelings of inequality and abandonment. Integrating economic, sociological, anthropological, and governance perspectives establishes “food kidnapping” as an analytical tool that unravels the complex interplay of institutional fragility, social anomie, and the symbolic economy of deprivation. The persistence of this phenomenon, exacerbated by the lack of technological modernization in the agricultural sector and the use of digital platforms to coordinate informal markets, suggests that without structural reforms balancing regulation and incentives, the food crisis will continue to deepen exclusion and erode normative legitimacy. Future projections underscore the urgency of rethinking governance models to ensure social cohesion and equitable access to essential goods, a challenge that transcends economics to encompass the ethical and cultural dimensions of subsistence. Ultimately, “food kidnapping” not only exposes the functional failures of a system but also prompts reflection on the paradox of a society striving for equity yet grappling with the challenge of rebuilding a social contract that restores trust in institutions and dignity in access to food.
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Notas del autor:
Las citas y referencias bibliográficas presentes en esta obra se encuentran elaboradas según Norma APA 7ma Edición.
The citations and bibliographic references in this work have been prepared in accordance with the APA 7th Edition standard.
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