Justicia transicional y participación ciudadana en Colombia (2005-2013)

Índice

1. Introducción

2. El contexto histórico colombiano

3. Fuentes y metodología de la investigación
3.1. La noviolencia
3.2. Fuentes y estado actual de la investigación
3.3. Criterios para el análisis de las fuentes

4. La noviolencia como método para volver a una verdadera justicia transicional en Colombia
4.1. La Ley de Justicia y Paz
4.2. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
4.3. Las negociaciones con las FARC entre octubre de 2012 y agosto de 2013

5. El uso de la noviolencia en el comportamiento ciudadano
5.1. Educación
5.2. Participación de la sociedad
5.3. Trabajo de las ONG

6. El trabajo de Podion – las Escuelas Locales en Democracia y Paz
6.1. Las Escuelas en Democracia y Paz de Podion
6.2. La Escuela Local en Tasco

7. Cambios que posibilitaron el uso (in)consciente de la noviolencia
7.1. Cambios en las instituciones administrativas fortaleciendo la institucionalización
de la noviolencia
7.2. Cambios en y por la sociedad

8. La influencia de los valores de la noviolencia en el proceso de paz en Colombia

9. Conclusión final

10. Bibliografía

11. Apéndice

Resumen:

Este estudio se centra en analizar si la noviolencia es una herramienta que puede facilitar y promover el proceso de paz en Colombia posibilitando la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448/2011), un proceso de la justicia transicional. Aparte de la definición de las diferentes herramientas, los valores de la noviolencia para la sociedad civil y el análisis de las Leyes 1448/2011 y 975/2005 (Ley de Justicia y Paz), este trabajo fin de máster indaga la influencia del concepto y de los métodos de la noviolencia al cambio de la sociedad para transformar el conflicto colombiano. Es necesario analizar leyes, realizar entrevistas con participantes de las Escuelas en Democracia y Paz y empleados de organizaciones no gubernamentales y resumir y examinar los resultados para presentar al final del trabajo una conclusión adecuada a la hipótesis de este trabajo. Esta hipótesis indaga el conocimiento y la aplicación de la noviolencia en las acciones políticas, sociales y judiciales de los ciudadanos colombianos y el gobierno colombiano promoviendo el proceso de paz en Colombia y la institucionalización de la noviolencia como política democrática.

Palabras Claves: Noviolencia, valores, justicia transicional, capacidades, Escuelas en Democracia y Paz, Organizaciones Sociales y eclesiásticas, Organiza- ciones no gubernamentales, institucionalización de la noviolencia, polí- tica democrática.

1. Introducción

Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia.

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.

(Benjamin Franklin)

Como Benjamin Franklin expresó en estas citas, para una buena convivencia y para lograr la paz dentro de una nación y la participación democrática por los ciudadanos, la gente debe tener acceso a la educación, participar en debates para intercambiar opiniones, aprender métodos para resolver problemas y ser protegida por un Estado que ofrece una estructura democrática y el espacio para organizar debates o manifestaciones y formar instituciones y organizaciones no gubernamentales.

Desde la proclamación de Colombia como democracia presidencial en el a ñ o 1886^[1] los diferentes gobiernos colombianos posibilitaron algunas de estas metas pero todavía faltan procesos para lograr todos los objetivos de una democracia y fortalecer la incidencia política ejecutada por los ciudadanos. Además, el proceso se ha dificultado por la historia del país y su conflicto armado interno, un conflicto asimétrico.^[2] Los ciudadanos no sólo deben acudir cada cuatro años a las urnas para votar por los candidatos políticos, sino que tienen que participar en el proceso político e indagar y criticar las decisiones políticas. Además, el Poder Judicial debe ejercer su trabajo independientemente del Poder Ejecutivo y las decisiones de éste. Pero en Colombia, como en muchos países latinoamericanos, las decisiones del Poder Legislativo y Judicial dependen del Poder Ejecutivo, de la clase alta, de la economía o del narcotráfico. Sin embargo, durante los últimos añ os (2005-2013) el Poder Judicial vivió un cambio institucional y personal mejorando el funcionalismo administrativo y la ejecución de varias leyes, i.e. la Ley de Justicia y Paz o la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta modificación fue posibilitada por el acceso a las universidades y escuelas de los ciudadanos, la radicalización de parte de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)^[3] perdiendo el apoyo (in)voluntario de partes de la sociedad civil, los análisis de las negociaciones con los grupos armados bajo los gobiernos de Andrés Pastrana Arango^[4] y Álvaro Uribe Vélez para encontrar sus puntos débiles y el fortalecimiento de varias ONG (Organizaciones no gubernamentales) luchando por los derechos humanos y la protección de los ciudadanos sin intimidarse por el Poder Ejecutivo, el ejército, los grupos armados ilegales o empresas multinacionales.

Al mismo tiempo, las instituciones gubernamentales se sometieron a algunas modificaciones que fueron y todavía son implementadas por el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, elegido como presidente en el a ño 2010. Mientras el mandatario y el Parlamento siguieron algunos caminos del gobierno de Álvaro Uribe, también realizaron y realizan cambios significativos en comparación con la política de Álvaro Uribe Vélez. Algunas de estas modificaciones, por ejemplo, son las correcciones de la Ley de Justicia y Paz (cap. 4.1), ^[5] la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (cap. 4.2) para indemnizar a las víctimas y desplazados ^[6] del conflicto armado, las negociaciones con las FARC que empezaron en octubre de 2012 (cap. 4.3) y la posibilidad de participación en la política pública por la sociedad –estudiantes, clase baja, víctimas o desmovilizados– y diferentes ONG (cap. 5 y 6). Todos estos procesos incluyen y son vinculados con el concepto y los medios de la noviolencia (cap. 3.1) que fortaleció la identidad colombiana e impulsó el proceso de paz (cap. 7 y 8) y la participación política.

Por medio del análisis de estas modificaciones y las diferentes herramientas del proceso de paz este trabajo persigue mostrar y analizar un objetivo general y dos objetivos específicos.

El objetivo general del presente trabajo es demostrar la existencia y el uso (in)consciente de la noviolencia en las acciones de diferentes poderes políticos, la sociedad y las organizaciones sociales –acercamiento a las víctimas y visibilización de éstas; ofrecer servicios jurídicos y psicológicos; evitar la retaliación y el odio político por los ciudadanos.

Mientras los objetivos específicos quieren indagar en lo siguiente:

1. Analizar los cambios logrados por la aprobación de la Ley 1448/2011 y la participación de la ciudadanía en las acciones políticas promoviendo una institucionalización de la noviolencia y el regreso a los objetivos de la justicia transicional,^[7] y el trabajo de las ONG para destacar las herramientas y el uso de la noviolencia.
2. Analizar la importancia de la noviolencia -como política democrática- para el futuro de Colombia y el proceso de paz -peacebuilding en una situación de posnegociación. Para alcanzar estos dos objetivos es necesario definir el concepto y los métodos de la noviolencia para revisar si funcionaron y funcionan como constructores de paz en la sociedad colombiana. Dado que la historia y vida de Colombia se caracteriza por el conflicto y sus participantes, es necesario poner el enfoque del estudio en un tiempo y un grupo especial de la sociedad. El trabajo se centra en los añ os 2005 hasta 2013 para comparar la Ley de Justicia y Paz, aprobada bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras analizando los cambios en la ejecución y la aplicación de métodos noviolentos en ésta. Además, debe ser analizado si este tiempo muestra un cambio del comportamiento de la ciudadanía en los sectores de educación, en debates de estudiantes,^[8] en seminarios de mediación de paz y en el trabajo de las ONG (cap. 5 y 6). Asimismo, el período incluye experiencias, resultados de entrevistas y participaciones en seminarios de mediación y conversaciones con la ciudadanía que resultaron de mi pasantía en la organización Podion^[9] realizada entre junio y el fin de agosto del año 2013. De esta manera, al final del trabajo, se debería contestar la pregunta si hubo un cambio en la convivencia colombiana – con ventajas o desventajas – por la aplicación de la noviolencia y cuáles son las consecuencias para el futuro político y social y el proceso de paz en Colombia.

2. El contexto histórico colombiano

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El conflicto armado colombiano tiene muchos años, es uno de los conflictos más diversos y complejos en el mundo e incluye a diferentes actores, lo que dificulta la resolución del conflicto. Además, los diferentes intereses y la diversidad del conflicto dificultan nombrar un tema específico como causa general del conflicto porque cada vez cuando se abre una puerta se encuentra otro componente del conflicto. Colombia hospeda los tres tipos de violencia definido por Johan Galtung -violencia directa, estructural y cultural- debido a la conquista, la historia de los países latinoamericanos, la lucha por la independencia, las luchas por territorio con los países vecinos y el conflicto armado interno. Colombia es una democracia en permanente estado de guerra, un conflicto armado irregular de origen rural, que se ha ido urbanizado en las últimas décadas e internacionalizado en la subregión durante los últimos años, lo que algunos llaman la guerra de cuarta generación, una nueva forma de guerra como la guerra de guerrillas o del terrorismo, en la que el uso de la tecnología aumenta, las grandes batallas desaparecen y los ataques a los civiles aumentan para golpear a la población civil, para quitar la base social de apoyo al enemigo y aislarle. El Poder Judicial es un simulacro, en que durante mucho tiempo y aún ahora es peligroso hablar de derechos humanos, protección del medioambiente o reclamar cambios en el Poder Ejecutivo o Legislativo.

El comienzo del conflicto armado interno se encuentra en los años 40 del siglo XX cuando la economía, en la mayoría latifundistas y empresarios que estaban en contra de la política liberal del presidente Alfonso López Pumarejo que favoreció la situación social de la clase media y la población rural, controló las decisiones políticas enfocando las ventajas económicas para la clase alta que causó el crecimiento de diferentes grupos armados que estaban en contra de las decisiones económicas e intentaron proteger a los ciudadanos que sufrieron por la mala situación económica y la violencia política. Los problemas culminaron en el Bogotazo, el 9 de abril 1948, cuando Roa Serria asesinó a Jorge Eliécer Gaitán, político y abogado colombiano, y causó la revuelta de los ciudadanos contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Esto fue el comienzo de La violencia en Colombia que perduró hasta el año 1958. Esto fue una violencia directa y estructural fortalecida por la cultura violenta del país y sus problemas sociales que causó la muerte de más de 200.000 personas, el desplazamiento de 4 millones colombianos, el armamentismo de la población y una gran inseguridad en las zonas rurales. En vez de enfrentar la violencia y las demandas de los ciudadanos, en el año 1958 los partidos conservadores y liberales se pusieron de acuerdo formando el Frente Nacional, un pacto político que repartió por igual los cargos oficiales desde la presidencia hasta los funcionarios del tercer y cuarto plano, independientemente de los resultados de los comicios presidenciales y el cambio del poder después de cada legislatura presidencial -un método que perduró hasta la elección de Virgilio Barco en el año 1986. Durante este tiempo creció el número de delitos y el bandolerismo, que fortaleció la formación de los grupos armados guerrilleros, como las FARC o el ELN, que siguieron el objetivo de proteger la población rural y cambiar el sistema político al socialismo para reformar la situación agrícola del país. Mientras al principio la sociedad apoyó (in)voluntariamente los métodos y objetivos de los grupos armados, con el tiempo algunas partes de la sociedad civil se apartaron de los grupos guerrilleros, también influidos por el aumento de los grupos paramilitares que amenazaron a los ciudadanos aunque su objetivo principal fue la protección de los latifundistas y campesinos de clase media, legalizado por la ley, pero durante los años 70 y 80 se convirtieron en un grupo armado sin control por el Estado o los latifundistas, estimulado por los ingresos económicos del narcotráfico y del territorio(extorsión o cobro ilegal de impuestos). Al mismo tiempo, los grupos guerrilleros se radicalizaron y se alejaron cada vez más de sus objetivos iniciales aunque en público continuaron declarando sus objetivos iniciales como objetivos únicos y negaron las relaciones con el narcotráfico. Esta fase del conflicto y la inestabilidad política debilitaron la economía causando más problemas sociales y políticos así que las negociaciones entre los grupos armados y el gobierno colombiano fueron la única solución pacífica para terminar con la cantidad de muertos, secuestrados y desplazados en el país, aunque sólo pocos políticos confiaron en éstas y reclamaron seguir con el enfrentamiento militar con los grupos armados. Sin embargo, desde los años 80 en Colombia hubo diferentes negociaciones entre distintos grupos armados y el gobierno, las primeras con éxito y desmovilización, desarme y reintegración de los miembros del grupo armado fueron las negociaciones entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco Vargas que terminaron con un acuerdo de desmovilización de los miembros del M-19 y el establecimiento de la nueva constitución del año 1991.^[10] La nueva constitución, las negociaciones con los grupos armados y la buena fe de algunos políticos para negociar con los grupos armados o garantizarles más protección no lograron acercar el país a la paz. Al contrario, el conflicto continuó, profundizado por el aumento y la influencia del narcotráfico y el establecimiento de los carteles del narcotráfico en ciudades como Medellín que mantenían relaciones con los grupos armados que favorecieron sus acciones militares -tanto guerrilleros como paramilitares. El narcotráfico profundizó su influencia en todo el país, la persona más importante y conocida es Pablo Escobar, el líder y fundador del cartel de Medellín, algunos le adoraron otros le odiaron porque utilizó su poder para influir las decisiones políticas pero también para construir hospitales, escuelas o guarderías, mejorando la situación de la clase baja y supliendo la ausencia del Estado. Durante muchos años el gobierno no conocía otro método que la lucha militar contra los grupos armados y el narcotráfico, siempre perdiendo soldados y dinero porque el Estado nunca dispuso de suficiente dinero o tecnología moderna para enfrentarse a un nivel equilibrado con los grupos armados y los narcotraficantes que invirtieron parte de su dinero en la lucha contra el Estado. Por eso el presidente Andrés Pastrana tomó otro camino, el camino de las negociaciones del Caguán entre las FARC y su gobierno (1998-2002). Estas negociaciones despertaron la esperanza de bajar la cantidad de participantes en el conflicto para promover el proceso de paz y una cultura de paz en el país. Pero las negociaciones fracasaron porque las FARC lograron la soberanía sobre el territorio, fortalecieron su poder militar -personal y técnico- y las negociaciones se alejaron de sus objetivos principales. Finalmente, Andrés Pastrana aceptó la oferta de los Estados Unidos del Plan Colombiano, un plan económico, militar y político con el objetivo de acabar con el narcotráfico en Colombia y amenazar a los grupos armados, aunque oficialmente su objetivo era el fortalecimiento económico de Colombia y la disminución del cultivo de coca. El sucesor del señor Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, continuó con el Plan Colombia y empezó la política de la mano dura causando la muerte de muchos líderes de las FARC y la fragmentación de éstas en una parte radical, que aumentó los ataques y secuestros de soldados del ejército colombiano y su presencia en el narcotráfico, y la parte original, que siguió con los objetivos marxistas, buscó de vez en cuando el diálogo con el Estado e intentó cumplir las normas de combate aunque no funcionó siempre. Todo eso causó la militarización de la población y la desesperación que el conflicto podría terminar a corto plazo. Aparte de la política de la mano dura, el señor Uribe intentó mejorar la seguridad en el país con una política de la seguridad democrática, pero en realidad aumentó el armamentismo de la sociedad, la retirada de los ciudadanos de la participación política y en las organizaciones sociales que sufrieron amenazas por el Estado y los grupos armados y un comportamiento del individualismo entre los ciudadanos, por lo menos en las ciudades grandes. Con las elecciones de Juan Manuel Santos como sucesor presidencial de Álvaro Uribe Vélez no pareció que la situación cambiaría, particularmente porque Santos fue el ministro de defensa en el gobierno de Uribe y responsable por muchas misiones militares que causaron la muerte de soldados y guerrilleros jóvenes aceptando el desacato de normas internacionales de guerra. Pero durante su mandato Juan Manuel Santos realizó distintos cambios a favor de la clase media forzando a la clase alta a ser incluida en la gestión del conflicto. Algunos de estos cambios son la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la revisión de la Ley de Justicia y Paz, la integración de la ciudadanía y diferentes ONG en las decisiones y debates políticos para transformar el conflicto y los problemas sociales, fortaleciendo el tejido social, y las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana para lograr la desmovilización del grupo guerrillero y su reintegración en la sociedad y política. Esta es la situación actual que forma la base de la investigación de este trabajo fin de máster. Durante mi estancia en Colombia obtuve una profunda visión en esta situación que despierta la idea optimista de que el país avanza en el proceso de paz, los ciudadanos y organizaciones sociales profundizan su incidencia política y el gobierno intenta extender el uso de métodos noviolentos como el diálogo y las negociaciones como una política democrática de la noviolencia.

3. Fuentes y metodología de la investigación

Este estudio usa un concepto específico para analizar si la participación ciudadana y la justicia transicional fueron y son posibles por un cambio mental y del uso de métodos en el proceso de paz. Este concepto es la noviolencia que ofrece diferentes métodos y técnicas para lograr un fin del conflicto por prácticas noviolentas. Además, los medios de la noviolencia incluyen valores y principios que facilitan la continuación de un proceso pacífico sin reincidir en métodos violentos. El concepto de la noviolencia debe ser analizado en cada capítulo del trabajo para demostrar en qué situación los ciudadanos colombianos y el gobierno usan las herramientas de la teoría para profundizar el proceso de paz, transformar pacíficamente el conflicto armado e incluir la noviolencia como política democrática en las instituciones políticas. Para realizar este análisis investigaré en una parte teórica la ejecución y los resultados de las Leyes 975/2005 y 1448/2011 y en una parte práctica el trabajo y los conceptos metodológicos de Podion y las Escuelas en Democracia y Paz en cuanto a la noviolencia. Durante mis prácticas vi que Podion basa su trabajo en muchos conceptos de la noviolencia, cómo el diálogo y la escucha activa, y parecido es el trabajo de las Escuelas en Democracia y Paz, que es una institución de Podion que ofrece formación, seminarios y conferencias en derechos humanos, liderazgo, protección del medioambiente y superación del miedo para expresar una opinión crítica a nivel nacional, regional y local, para formar tutores de paz que multiplican su conocimiento y herramientas en las comunidades y fortalecen de esta manera el proceso de paz y el uso de la noviolencia. A continuación, sigue una explicación detallada del concepto de la noviolencia, referido a la situación colombiana, y dónde sería posible encontrar indicaciones para el uso del concepto. Además, sigue una explicación de las fuentes utilizadas para este trabajo y su estado de investigación.

3.1. La noviolencia

En general, la noviolencia es un método para continuar y fortalecer el proceso de paz, terminar los debates sobre la violencia, fomentar construcciones sociales que favorecen el poder social, rechazar el uso de la violencia, y empezar con debates sobre la paz^[11] para lograr la paz imperfecta^[12] que perfecciona la convivencia social. Es necesario usar la palabra imperfecta porque el mundo, la sociedad, la política, todo sigue un cambio permanente y estos cambios provocan nuevos conflictos que se deben trabajar de manera noviolenta; sin embargo, todo ello implica que nunca será alcanzable un momento de paz perfecta, completa, totalmente definitiva. Por eso es imposible lograr una solución perfecta que convenza a todas las víctimas y ciudadanos colombianos, pero lo que vale es la disposición de buscar la verdad y lograr un mundo más pacífico y menos violento que evite la repetición de los crímenes y favorezca el proceso de reconciliación. Mario López Martínez^[13] es una de las personas que caracteriza el concepto de la noviolencia, que basa muchas de sus experiencias y conocimientos en los conceptos de Martin Luther King jr. o Mohandas Gandhi. Para él, la noviolencia es “[...] como una doctrina ético-política que pretende ser alternativa a aquellas que legitiman o justifican el uso de la violencia política.”^[14]

Personas y métodos que influyeron y caracterizaron el concepto de la noviolencia:

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LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario, “Principios y argumentos de la noviolencia,” p. 307.

Por eso se puede definir la noviolencia de dos maneras:

1. “[La noviolencia es] una metodología activa para influir en el curso y en el resultado pacífico de un conflicto.”
2. “[La noviolencia es] la acción, el deber y el convencimiento por la justicia dentro del respeto total de las personas y la vida de los adversarios, renunciando al uso de todo tipo de violencia para conseguir esos objetivos.”^[15]

Definiendo la noviolencia de esta manera, la misma puede cumplir diferentes tareas con el objetivo principal de humanizar las acciones humanas. Algunas tareas son por ejemplo la recuperación de las palabras y del diálogo, la búsqueda de la verdad,^[16] la renunciación del uso de la violencia, el equilibro del poder entre los participantes del conflicto^[17] y la oferta de diferentes valores a la vida y la convivencia, como respetar la vida en vez de matar, buscar la verdad en vez de olvidar, dialogar y escuchar activamente en vez de expresar únicamente su opinión y negar otras opiniones, o pensar de manera alternativa y creativa.^[18]

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LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario, “Principios y argumentos de la noviolencia,” p. 310.

Aparte de esto, la noviolencia ofrece varias posibilidades de aplicación^[19] como:

- la intervención en conflictos, un método general para minimizar el uso de la violencia por cualquier método de intervención;
- la lucha, un método más concreto de la lucha no armada contra las injusticias de la sociedad, como la desigualdad o la opresión, con el objetivo de abrir el camino a la negociación, la mediación y el compromiso para que se necesita una formación especial;
- la humanización de la política que intenta hacer política sin matar o violentar posibilitado por la aprobación de leyes, el intercambio de ideas con otras ciencias sociales, la institucionalización de la noviolencia como política democrática y el rechazo de la confrontación militar;
- la filosofía y cosmovisión del ser humano para promover el amor, la solidaridad, la cooperación y la compasión entre las personas demostrando que el mundo puede continuar sin violencia, sólo por el auto-respeto, el respeto de la naturaleza y del otro.

Además es un concepto que puede ser aplicado en diferentes ciencias sociales como la psicología, la criminología, la geopolítica, la economía o a nivel diplomático internacional. Así, la noviolencia ofrece a la política una alternativa de gobernar, en vez de usar el ejército o la violencia es posible lograr los objetivos por negociaciones y un fortalecimiento de la justicia que busca y lucha por los derechos humanos sin matar para reducir los niveles de sufrimiento y dañ o [HUMANIZACIÓN DE LA POLÍTICA, institucionalización].

Para lograr y usar este poder de la noviolencia, cada persona tiene que contestar diferentes preguntas, como por qué una vida sin violencia es importante para uno mismo? A quién ayudo con mi comportamiento? Qué puedo lograr con comportamientos noviolentos? Y después de contestar éstas y otras preguntas alguien tiene que empezar cambiar sus actitudes y acciones para realizar los métodos de manera activa y confrontarse con los problemas, el conflicto, las víctimas y la política, y se reúne con otras personas de la misma actitud^[20] para fortalecer la auto-confianza de las víctimas, escuchar activamente las opiniones de otras personas para evitar nuevos conflictos, respetar opiniones distintas y promover la incidencia política.^[21] Sólo con este comportamiento se puede lograr que la noviolencia entienda la violencia y transformarla, como por ejemplo parte de la resistencia germana a la ocupación nazi en los añ os 1940-1945 o la caída del muro de Berlín en el añ o 1989. Además la difusión de los métodos de la noviolencia ofrece la posibilidad de aplicarla en diferentes sectores como por ejemplo para proteger y respetar la naturaleza como lo hacen las tribus indígenas, para evitar la explotación de los recursos naturales y recordar que la tierra es parte de nuestra vida que tenemos que proteger (ecología).

Para facilitar la identificación de los métodos noviolentos, Gene Sharp, un investigador y filósofo norteamericano, elaboró un catálogo de 198 métodos y técnicas de la acción noviolenta, clasificados en seis grandes bloques:

1. Métodos noviolentos de protesta y persuasión que son reflejados por actos simbólicos de oposición pacífica o intentos de convencimiento que van más allá de la simple expresión verbal, pero sin llegar a ser actos de no-cooperación o intervención. Estas acciones pueden ser dirigidas a influir en: el adversario, el público en general, el mismo grupo que se queja o una combinación de los tres.
2. Métodos de no-cooperación social que están basados en el boicot (no participar, no pertenecer, no acudir, no dar recursos) y la huelga (no ayudar o no trabajar).
3. Métodos de no-cooperación económica como boicots económicos en que se rehúsa a comprar, vender, manejar o distribuir bienes y servicios específicos, o huelgas que se definen como la inacción de parte de los trabajadores organizados por sindicatos oficiales o individuos.
4. Métodos de no-cooperación política que están expresados en protestas que deje de funcionar un gobierno;
5. Métodos de intervención noviolenta son acciones que intervienen directamente para cambiar la situación: acciones negativas interrumpen o destruyen patrones de comportamiento, políticos, relaciones e instituciones, y acciones positivas establecen nuevos patrones de comportamiento, políticos, relaciones o instituciones.^[22]

La acción directa noviolenta es la expresión y el diálogo personal y público de la noviolencia, aplicada como una alternativa para la construcción de un mundo de paz y justicia. Además, es una demostración de amor y de fuerza cotidiana, es una fuerza renovadora y dinámica que afecta a la sociedad, en los pequeños ámbitos, es más que la acción de un individuo, es la intersubjetividad, una acción entre sujetos individuales.

Todo esto incluye la acción noviolenta de Gene Sharp pero no se debe olvidar que estos métodos de Gene Sharp no son todos aplicables a cualquier situación y siempre dependen del fin o de los fines que la persona o el grupo quieren lograr. Por eso debemos recordar que no cada método noviolento logra un fin noviolento, esto depende de la situación, las intervenciones y las interpretaciones de la aplicación del método. Esto complica el concepto pero al mismo tiempo esta complejidad ofrece aplicar el concepto a diferentes conflictos en distintos países y sectores o diferentes métodos del concepto en un conflicto.

Referente a Colombia, el país tiene el potencial de aplicar y profundizarlos métodos de la noviolencia para conseguir el proceso de paz. Aparte de cambios de leyes para humanizar la política, muchas comunidades que fueron o todavía son confrontadas con el conflicto, i.e. por el desplazamiento por grupos armados o el ejército, actúan como modelo del uso de la noviolencia porque se contraponen al desplazamiento por los grupos armados con el establecimiento de comunidades autónomas que luchan por sus derechos negociando con los grupos armados o enseñando prácticas noviolentas en la escuela y la comunidad. Además desde muchos años los movimientos sociales colombianos se fortalecen cada vez más, inciden en la política y aplican y enseñan métodos de la noviolencia. Durante mi estancia en Colombia conocí el Movimiento Ciudadano por la Noviolencia, que basa su trabajo, sus propuestas y proyectos en el concepto y los métodos de la noviolencia y la educación popular para lograr sus objetivos, motivar a más personas para participar en el movimiento y multiplicar su conocimiento y sus herramientas en sus familias y comunidades. Además, las universidades e instituciones públicas ofrecen muchos seminarios, foros y mesas de conversación para promover la participación de los ciudadanos en la política, expresando su opinión crítica y ofrecer resoluciones alternativas a los problemas comunes del país. Estos modelos, las manifestaciones en las ciudades y el cambio administrativo y legislativo deben ser analizados en este estudio para indagar qué institución u organización, cuáles personas o leyes o qué política hace uso de la noviolencia y si la Ley 1448/2011puede ser vista como un segundo comienzo del proceso de paz en Colombia, después de las negociaciones fracasadas en el Caguán, que fue permitido por el uso de métodos noviolentos.

3.2. Fuentes y estado actual de la investigación

Para el análisis de las modificaciones vividas por la sociedad civil y los diferentes poderes políticos y sus instituciones de Colombia, es necesario referirse a varios documentos gubernamentales, fuentes públicas como revistas nacionales e internacionales y experiencias propias de estancias en el país o en las asignaturas del postgrado de “Cultura de Paz: Conflictos, Educación y Derechos Humanos.”

Las fuentes más importantes usadas en este estudio para lograr los objetivos del análisis y subrayar las mismas son las estructuras de la Ley 975/2005^[23] y de la Ley 1448/2011.^[24] Los documentos originales accesibles en la página web de la Presidencia República de Colombia que definen a las víctimas, desplazadas o desmovilizadas del conflicto armado, concretan los fondos económicos, los procesos de desmovilización, reparación o restitución de tierras y las tareas de las instituciones responsables para la ejecución de las leyes. Además, los informes anuales al congreso de los presidentes Álvaro Uribe (añ os 2006-2010)^[25] y Juan Manuel Santos (añ o 2011)^[26] tienen gran importancia para identificar los resultados de la realización de la puesta en práctica de las dos leyes mencionadas anteriormente. Cada informe presenta los resultados económicos, militares, sociales e internacionales de un añ o del mandato del presidente y ayuda a analizar los éxitos y fracasos de las Leyes 975/2005 y 1448/2011.

Por otro lado, también resultan de utilidad algunos artículos de revistas internacionales (Die Zeit en Hamburgo, Vanguardia en Barcelona, El Mundo en Madrid) y nacionales (La Revista La Semana en Bogotá y Colombia Reports en Medellín) como punto de referencia para seguir y analizar las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano en Noruega y Cuba y analizar la participación de la sociedad en las Mesas de Conversación y su reacción y la de otros países en cuanto a los avances de las negociaciones. La especificación de las fuentes finaliza con experiencias y declaraciones de víctimas del conflicto armado y entrevistas con participantes de seminarios de mediación y formación en derechos humanos originadas en encuentros y conversaciones personales con las organizaciones de base y los participantes de las EDP (Escuelas en Democracia y Paz) durante mis prácticas en la organización Podion en Colombia (anexo 1). Podion es una organización no gubernamental colombiana fundada en el año 1990 por el señor Jaime H. Díaz. Su misión es contribuir a fortalecer la acción social y política de organizaciones sociales, líderes y entidades desde una perspectiva diferencial de desarrollo sostenible, respeto al prójimo y exigibilidad de los Derechos Humanos, defensa de las víctimas, construcción de paz y democracia con justicia social mediante la formación, la investigación, la asistencia técnica y la incidencia de la proporción del trabajo en redes y alianzas estratégicas. De esta misión sale el objetivo de construir caminos hacia la paz con justicia social, a partir del fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, en procura de la garantía de los Derechos Humanos.

Aparte de estas fuentes me refiero a diferentes artículos, estadísticas y libros sobre el proceso de paz en Colombia, la desmovilización, la reparación, los métodos para lograr la paz –las herramientas, los métodos y el concepto teórico de la noviolencia,^[27] el mejoramiento de la educación y las ventajas y desventajas de la Ley de Justicia y Paz para probar mis argumentos y observarlos desde diferentes puntos de vista.

3.3. Criterios para el análisis de las fuentes

El tema elegido para este trabajo fin de máster es muy actual. Por eso muchos documentos están publicados en internet, como por ejemplo los artículos de las revistas nacionales e internacionales. Por este motivo el investigador de las fuentes tiene que analizarlas con cuidado, tanto por su actualidad como por el punto de vista y la influencia política y económica sobre el contenido de los documentos. Así durante décadas la familia del presidente Juan Manuel Santos fue dueña del diario El Tiempo en Colombia y muchos de sus parientes todavía trabajan para la radio -Francisco Santos, el primo del presidente, es director de RCN Radio- o las revistas colombianas. Parecido es el análisis de los documentos de la página web del Centro de Memoria Histórica. Muchos resultados y expresiones de los informes, documentos o artículos son influidos por las experiencias de las víctimas y el proceso de paz en Colombia que no siempre fue bien visto por la sociedad civil que influye en la presentación de los sucesos. Dos ejemplos para este rechazo son el fracaso de la zona de despeje o los gastos militares invertidos por el gobierno de Álvaro Uribe en la lucha contra el narcotráfico.

Aunque los informes sobre las leyes son documentos oficiales que deben cumplir normas específicas, estos no publicando la información sobre el proceso de desmovilización y reparación. De esta manera es posible que los fracasos de las leyes no sean explicados tan detalladamente como los éxitos que los presidentes y sus parlamentarios quisieran conseguir con la ejecución de éstas para evitar críticas negativas.

La misma precaución tiene que emplear el investigador para testimonios personales obtenidos por entrevistas o conversaciones con víctimas del conflicto armado o por la participación en el proceso de paz. Porque sin prestar atención a estos criterios el resultado del análisis no sería empírico y sería posible que se pierdan puntos importantes de la investigación.

Finalmente es trascendente analizar si los métodos aplicados por la sociedad civil y el gobierno son métodos del concepto de la noviolencia causados por el trabajo de ONG y la participación ciudadana. Es importante analizar si los métodos aplicados realmente siguen fines noviolentos o al contrario son aplicados para fortalecer el poder político. Además, esta parte indaga si las acciones de las organizaciones sociales influyen en las decisiones políticas a favor de una institucionalización de la noviolencia como política democrática o instrumento democrático.

4. La noviolencia como método para volver a una verdadera justicia transicional en Colombia

La primera parte de la investigación indaga la aplicación y los valores del concepto de la noviolencia a la Ley 975/2005, su ejecución y los cambios realizados en los últimos añ os para mejorar su ejecución. Además, esta parte analiza la Ley 1448/2011, tanto su ejecución como a la consideración del respeto de los derechos de las víctimas y la prevención de repetir los errores hechos en la ejecución de la Ley 975/2005. Evitando estos errores permite volver a los objetivos de la justicia transicional apoyado por la aplicación de métodos noviolentos en la aprobación de la Ley 1448/2011. En la tercera parte analizaré la aplicación de prácticas noviolentas en las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano en Cuba. Especialmente en el último subcapítulo de esta primera parte me referiré a situaciones de las negociaciones que muestran métodos o valores de la noviolencia y no al proceso de las negociaciones, porque los acuerdos en sí mismos son un método democrático mientras la forma de llegar a los acuerdos muestran métodos noviolentos.

4.1. La Ley de Justicia y Paz

La Ley de Justicia y Paz fue aprobada por el congreso de la República de Colombia el 25 de julio de 2005 para posibilitar la desmovilización individual o grupal y la reintegración en la ciudadanía de los paramilitares y todos los grupos armados ilegales, generalmente llamados Grupo Armado organizado al Margen de la Ley (GAOML). Además, la ley apunta al objetivo de compensar a las víctimas, ofrecerles protección y acercarse a la verdad del conflicto armado en Colombia, porque una verdad única no existe porque cada uno define la verdad de manera diferente, por eso la noviolencia intenta acercarse a y buscar la verdad pero no la tiene. Por eso la ley es dividida en doce capítulos tratando la definición de las víctimas, el proceso de reparación, protección y verdad, el proceso de desmovilización, reintegración y la pena o el juzgamiento para los delitos de los grupos armados o los individuos. Además, la ley se refiere a los fondos económicos, los derechos humanos y las instituciones responsables tanto para la reparación como para la ejecución de la Ley 975/2005.

Las razones para el establecimiento de la ley son distintas porque quieren contestar a diferentes causas del conflicto que tiene diferentes raíces. Los hechos más importantes y sus conexiones con la noviolencia son los siguientes:

1. Colombia es el país con las mayores cifras de desplazados en el propio país luego de Sudán^[28] que reclama DESLEGITIMAR LA VIOLENCIA para terminar los problemas sociales, políticos y culturales.
2. La ley debe facilitar el proceso de paz y la reincorporación a la vida civil de los miembros de grupos armados y garantizar al mismo tiempo los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.^[29] La aplicación de la ley es un método democrático mientras la sanción de los victimarios y la búsqueda de la verdad es un valor y deber de la noviolencia, incluido dentro del proceso democrático.
3. La mayoría de los procesos y negociaciones para lograr la paz de los añ os anteriores fracasó o terminó en un perdón y olvido de los delitos pero esta vez los delitos deben ser investigados, los delincuentes sancionados y las víctimas compensadas.^[30]
4. Las leyes anteriores, como la Ley 782/2002 o la Ley 548/1999, solo incluyeron la amnistía y el indulto para los delitos pero no la búsqueda de la verdad.
5. Lograr un fortalecimiento del Poder Judicial para que menos jueces y ministros reciban sus puestos por colaboración con los paramilitares (parapolítica) terminando con estas conexiones. Mientras el cambio de los jueces o ministros es un método democrático, su manifestación en el parlamento para reclamar un cambio en su formación y en el nombramiento de los jueces es una ACCIÓN POR LA JUSTICIA.

Estas razones y objetivos muestran que para la aplicación de la Ley 975/2005 los poderes políticos incluyeron diferentes métodos noviolentos en los procesos democráticos para promover el proceso de paz y buscar la verdad de los delitos. Por primera vez existe una ley que respeta las demandas de las víctimas y personas que quieren desmovilizarse de verdad. Es posible referirse a artículos y párrafos específicos para conseguir sus derechos, juzgar a los victimarios e incluir las prácticas noviolentas como doctrina política-ética en las decisiones políticas. Es una HUMANIZACIÓN DE LA POLÍTICA porque en vez de luchar militarmente contra los grupos armados les ofrece una oportunidad noviolenta. Es el primer paso para empezar con la reparación a las víctimas, la reintegración de los desmovilizados y la construcción de una memoria colectiva que intenta descubrir la verdad^[31] para devolver la dignidad a las víctimas y posibilitar que los grupos o individuos armados terminen con una parte violenta de su vida e inician una vida normal y social. Este proceso es necesario porque los desmovilizados no son desmovilizados cuando entregan sus armas^[32] sino tienen que disculparse antes de las víctimas y participar en el proceso de construcción de paz que posibilita una INTROSPECCIÓN PERSONAL, el DIÁLOGO entre las víctimas o sus familiares y los victimarios, la reconciliación entre ellos y la búsqueda de la verdad, en el caso de que todos apliquen honestamente las normas de la Ley 975/2005, lo que desafortunadamente no pasó en la realidad, muchos desmovilizados aprovechan únicamente de los beneficios pero no buscan la reconciliación con las víctimas. Además, la desmovilización y la reparación de las víctimas (métodos democráticos)incluyen prácticas noviolentas porque indican las necesidades adecuadas para la reintegración de estas personas, como la demanda de una formación profesional para encontrar un trabajo fuera del sector militar, un proceso importante para evitar que los desmovilizados caen otra vez en la delincuencia. Aparte de la desmovilización,^[33] la reintegración en la sociedad, la resolución de los delitos, la reducción de los desplazados,^[34] homicidios y accidentes por minas antipersonales^[35] son procesos importantes para evitar nuevos conflictos y ejercer los objetivos de la ley. Esto es un objetivo muy importante para alcanzar pacíficamente la paz y referirse a la Ley 975/2005 como un punto de cambio en la historia de la lucha contra la violencia y en el proceso de integrar la noviolencia como política democrática en el sistema político.

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Mirando la Ley 975/2005 de esta manera la misma parece bien pensada pero la realidad muestra que el gobierno y las instituciones no cumplieron sus objetivos esperados. Algunos de estos fracasos fueron obvios en el momento de la aprobación pero otros surgieron durante el proceso de la ejecución de la ley. Por ejemplo, se esperó desmovilizar más miembros de los GAOML (anexo 2 y 3) y compensar a más víctimas pero al final muchos desmovilizados volvieron a sus grupos armados, formaron nuevos grupos armados y sólo participaron en el proceso de reintegración para aprovecharse de las ventajas de la ley y no para pedir perdón a las víctimas y buscar la reconciliación y el diálogo. Estos procesos fracasaron porque el poder político no incluyó una política democrática de la noviolencia, como discursos públicos sobre el proceso de reintegración que podían convencer a los ciudadanos de apoyar a la reintegración de los desmovilizados. Además, los objetivos de la Ley 975/2005son muy distintos y complejos para ser realizados al mismo tiempo pero nadie puso atención a las demandas de abogados o instituciones públicas, como DeJuSticia o el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ en sus siglas inglesas), que reclamaron y propusieron cambios para evitar la impunidad de los victimarios por falta de tiempo y capacidades para investigar los delitos en detalle. A continuación siguen algunos ejemplos que muestran las debilidades de la ley y proponen posibles prácticas noviolentas que debían ser aplicadas en las acciones políticas para evitar el fracaso de otras leyes y procesos políticos:

1. Las herramientas de la ley se centran más en la reparación económica y un perdón y menos en la investigación de los delitos por falta de herramientas judiciales para investigarlos, lo que limita la búsqueda de la verdad y el fortalecimiento de una institucionalización de la noviolencia como política democrática.
2. Desmovilizar y reintegrar los GAOML y juzgarlos por delitos pero con penas alternativas y libertad, parece injusto a las víctimas que perdieron tanto por los GAOML y el conflicto.^[36] Finalmente muchos de los desmovilizados pueden vivir en libertad o con una pena alternativa que oscila entre 5 y 8 añ os en la cárcel si entregan armas, secuestrados o información sobre el grupo armado al que pertenecían.^[37] Sólo para los responsables de delitos indudables no existe este “perdón” pero durante los ocho añ os de ejecución de la ley solamente tres personas^[38] recibieron una pena perpetua de privación de libertad. Sería la tarea de las ONG, del gobierno y de la sociedad indagar los delitos y reclamar la búsqueda de la verdad por huelgas o manifestaciones para ser más consciente del proceso y para que la justicia transicional vuelva a sus raíces y objetivos iniciales.

Los responsables y ciudadanos no conocían y todavía no conocen bien el concepto de la noviolencia por eso es casi imposible mencionar sus métodos en el proceso de la aprobación de la ley para conseguir un proceso real de la justicia transicional. Además, los objetivos de la ley fueron demasiado ambiciosos analizando la realidad y mencionando los objetivos de la justicia transicional, que tiene como objetivo transformar la situación de guerra a la paz respetando los derechos de las víctimas, pero en este momento el Poder Ejecutivo y Legislativo ni correspondieron a ésta ni aplicaron métodos noviolentos como política democrática en el proceso de aprobación de la ley; la HUMANIZACIÓN DE LA POLÍTICA es invisible. Pasaron siete añ os^[39] para cambiar la Ley 975/2005, un proceso que sólo fue posible por las manifestaciones de las víctimas y ONG en contra de la impunidad de los victimarios, métodos noviolentos aplicados por la sociedad pero no el poder político y además de forma inconsciente. Hoy, ocho años después de la aprobación de la Ley 975/2005, todavía mucha gente de la sociedad, la mayoría de la clase alta, justifica y elogian la ley y está a favor de otro período de Álvaro Uribe Vélez en la presidencia aunque el fracaso de la ley y la no-aplicación de métodos noviolentos en su aprobación son muy obvios y reclamados por instituciones nacionales e internacionales. Este comportamiento me mostró que el concepto de la noviolencia ni ha llegado a todas las partes de la sociedad ni a todas las partes del Poder Ejecutivo y Legislativo que es importante para profundizar los métodos como una política democrática haciendo uso de los valores de la noviolencia en la construcción de una sociedad justa y democrática en Colombia.

Esta falta de la integración de métodos noviolentos en el proceso político existe porque antes de la Ley 975/2005 los gobiernos intentaron lograr la paz o la desmovilización por medio de combates militares y negociaciones fracasadas. Con la Ley de Justicia y Paz introdujeron una herramienta nueva de la metodología democrática, pero sin la preparación adecuada, sin pensar en métodos noviolentos y su aplicación,^[40] por eso la gente no se identifican ni con los resultados ni con el proceso porque les parece un método jurídico que no presta atención a las necesidades y derechos de las víctimas.

Ocho años de manifestaciones y lucha reprimida de las organizaciones sociales y jurídicas, porque bajo el gobierno del Álvaro Uribe Vélez era difícil incidir en la política, fortalecieron la inclusión de métodos noviolentos en una práctica democrática. Los resultados positivos de esta lucha son: el DIÁLOGO entre víctimas y desmovilizados (anexo 5), el aumento de desmovilizados (anexo 6) y el análisis de la justicia transicional por prácticas noviolentas (vea gráfico p. 23). Manifestaciones, discursos públicos y el diálogo entre los ciudadanos serían métodos noviolentos aplicados por el gobierno que mostrarían si la sociedad colombiana no sólo ve un método democrático en la Ley 975/2005 sino también una institucionalización de la noviolencia en la política que promueve el proceso de paz del país y fortalece el bienestar de todos (sarvodaya según el concepto gandhiano). Es un proceso largo y muchos colombianos ya olvidaron que la aplicación de métodos noviolentos permitió transformar el conflicto. Ellos siguen pensando que la noviolencia es una herramienta usual, en vez de un proceso de formación y profundización de la realidad. No lo reconocen como una política o práctica especial porque los métodos no están presentes ni marcados en su vida cotidiana, las noticias de los periódicos tratan de las negociaciones en La Habana y las preocupaciones y paros en el Catatumbo (junio-agosto 2013) pero no hablan de los pasos para superar los fracasos de la Ley 975/2005 y tampoco de los problemas de la Ley 1448/2011 y de los métodos de la noviolencia. Pero es necesario que los ciudadanos sigan los procesos para continuar con el aprendizaje consciente de los métodos noviolentos y su integración en los procesos políticos.

Los primeros ocho añ os de la ley no parecen muy exitosos en cuanto a las prácticas noviolentas y el proceso de institucionalización de éstas. Además, la ley preparó el camino para la aprobación de la Ley 1448/2011 porque la ciudadanía se sensibilizó con los problemas de las víctimas y la importancia de reintegrar tanto los desmovilizados como las víctimas y los desplazados y su experiencia en la sociedad y su memoria para garantizar la no-repetición de los crímenes y construir una memoria colectiva que pone atención al conflicto y al proceso de paz. Paso a paso los ciudadanos aprenden y aplican inconscientemente métodos noviolentos, como la búsqueda de la verdad o los métodos de la protesta noviolenta. De esta forma la ley es un aporte invaluable para la reconstrucción de la verdad histórica del conflicto porque la gente respeta y reconoce cada vez más a su prójimo y valora la vida. Así los miembros del GAOML reciben un pleito judicial en vez de ser asesinados en misiones militares, lo que por un lado es un método democrático del Estado de derecho y por el otro es una opción para practicar la noviolencia como proceso: la de no matar y valorar la vida. Cerrando entonces este subcapítulo se puede resumir al presentar como resultado que la Ley 975/2005 es un ejemplo para el proceso de institucionalización de la noviolencia como política democrática mejorando el proceso de la justicia transicional -respetando los derechos y transformando la guerra en la paz- pero al que todavía falta mucho para ser nombrado oficialmente como un concepto político.

4.2. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

El 10 de junio de 2011 el gobierno nacional aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448/2011) que empezó con su ejecución a principios del añ o 2012.^[41] Antes de esta fecha el gobierno compartió informaciones, ofreció seminarios y registró algunas víctimas pero el trabajo efectivo de la ley empezó en febrero de 2012 porque antes fue necesario formar y profundizar el conocimiento de las instituciones y órganos responsables para la ejecución de la ley para garantizar una ejecución efectiva de la ley y aplicar métodos noviolentos en su aplicación. Se aprobó esta ley para dar una reparación económica, simbólica y médica a las víctimas del conflicto armado colombiano, incluir a la mayoría de las víctimas del conflicto y restituir a los desplazados sus propias tierras o tierras del mismo valor, uno de muchos objetivos de la ley. Aparte de estos objetivos, la ley sigue las siguientes metas principales:

- la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, que es el método de la escucha activa de las demandas de las víctimas en vez de despacharlas con reparaciones económicas que no apoyan la reintegración y superación del trauma de las víctimas [pensar de forma alternativa] que funciona como una voz crítica frente a la política y reúne a las víctimas de los algunos no están reunidas en una organización especial;
- el fortalecimiento del Poder Judicial y Legislativo, que en sí mismo es un método democrático pero las demandas de los jueces por seminarios e información adecuada para tratar las víctimas con respeto es una ACCIÓN POR LA JUSTICIA y fortalece el proceso de institucionalización de la noviolencia;
- la generación de condiciones propias para promover y consolidar la paz y la reconciliación nacional que tienen el objetivo de buscar e investigar la verdad y CRITICAR LA VIOLENCIA para evitar la repetición de las violaciones, rebajar al máximo posible el uso de la violencia y proteger el proceso jurídico para tener una base legal para la transformación del conflicto;
- la preparación de condiciones para llevar una vida digna a las víctimas y garantizar la incorporación de las víctimas a la vida social, económica y política que incluye el valor de respetar la vida y no matar;
- la construcción de un centro de memoria histórica con archivos, documentos y las historias de las víctimas es una forma de buscar la verdad, RESPETAR AL OTRO e integrar a las víctimas de forma activa en el proceso de paz;
- la eliminación de las raíces de la lucha de las FARC que reclaman una repartición más equilibrada entre los minifundistas y los latifundistas para evitar la explotación de los minifundistas por parte de los latifundistas^[42] que es un MÉTODO DE LUCHA para acabar con un grupo armado e incluirlo en la vida política como partido político;
- la demostración de cual presidente es capaz de instalar, ejercer una práctica eficiente para lograr la paz y terminar con la lucha entre el gobierno y los grupos armados^[43] que representa una INTERVENCIÓN EN EL CONFLICTO de forma noviolenta si alguien sólo presta atención a las negociaciones y no a las misiones militares bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Este y el aspecto anterior promueven la humanización de la política porque los políticos buscan métodos noviolentos para evitar el combate mejorando su prestigio en la sociedad porque parecen más pacíficos.

Con la persecución de estas metas el gobierno tanto dar una indemnización a las víctimas y sus familiares como gestionar el conflicto armado, acercarse a la paz y reintegrar los desplazados y las víctimas en la sociedad,^[44] todos métodos democráticos pero ejercidos con prácticas noviolentas que se acercan a una política democrática de la noviolencia y la aplicación de los objetivos de la justicia transicional por las demandas y manifestaciones de los ciudadanos y el trabajo de las ONG.

[...]

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^[1] VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo (et.al), “El Caso Colombiano”, Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia, p. 6.

^[2] Un conflicto asimétrico es un conflicto en cual “confluyen tanto la disposición a emplear la violencia para alcanzar objetivos políticos como la percepción de que es imposible alcanzarlos mediante el uso convencional de dicha violencia” complicado por las nuevas amenazas surgidas después del fin de la Guerra Fría que especialmente en el conflicto colombiano dificultan identificar los elementos y sus raíces que causan el mismo, como por ejemplo la debilidad del Estado, el conflicto por la posesión de la tierra, la permanencia de guerrillas o “los pactos entre fracciones parlamentarias para establecer amnistías e indultos, antes que para solucionar los problemas de fondo.” Por eso en Colombia mucha gente habla de las violencias en vez de la violencia. PECO YESTE y Miguel, PERAL FERNÁNDEZ, Luis, El Conflicto de Colombia, Ministerio de Defensa, Madrid, 2005, p.7, p.13.

^[3] Las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) se formaron en el añ o 1964 para luchar contra las desigualdades que vivieron los ciudadanos rurales. Al principio los guerrilleros recibieron apoyo por los minifundistas porque ellos recibieron apoyo de las FARC u otros grupos guerrilleros en su lucha contra los latifundistas. Pero con el ascenso del narcotráfico el grupo guerrillero perdió algunas de sus metas morales y sociales y entró en el narcotráfico para financiar su lucha. Hoy en día gran parte de las FARC está involucrada en conflictos y combates con los paramilitares y el ejército y son responsables de la violación de los derechos humanos y el desplazamiento de muchos colombianos.

^[4] Presidente de Colombia entre 1998 y 2002. Durante su presidencia intentó lograr la paz por negociaciones con las FARC en una zona de distensión en la cual las FARC podían moverse libremente sin temer ataques por los paramilitares o el ejército. Las negociaciones fracasaron y la zona de distensión fue eliminada pero las FARC quedaron en la región.

^[5] La Ley 975 fue aprobada en el añ o 2005 para posibilitar la desmovilización de los grupos armados ilegales, como los AUC, las FARC o el ELN, y la reparación simbólica y económica a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Pero durante los primeros añ os de la ley (2005-2013) varias organizaciones y políticos criticaron la ley por sus puntos débiles los cuales voy a tratar en el capítulo 4.1. de este trabajo fin de máster.

^[6] “La noción que aparece en la ley entiende por “desplazado” o “desplazada” toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su lugar de residencia y las actividades económicas o formativas cotidianas, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal, han sido vulneradas o están directamente amenazadas (Ley 387/1997, art. 1). Por su parte la ONU (1995), estableció que el desplazado interno es toda persona o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de —o para evitar— los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o causados por el ser humano, y que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente.” URBINA-CÁRDENAS, Jesús Ernesto y MUÑOZ, Germán, “Ideas de paz en jóvenes desplazados de la ciudad de Cúcuta,” Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Vol. 1, n° 9, Manizales, 2011, p. 323.

^[7] Según una declaración de Iván Orozco Abad en el foro de LaSemana del 29 de julio de 2013 en Bogotá la justicia transicional tiene los siguientes objetivos: 1. Fortalecer la democracia y no sólo terminar con la guerra; 2. Reconocimiento pleno de las víctimas, ellas deben ser el sujeto de los acuerdos; 3. Debe existir un estado de cuentas sobre las condenas e impunidades para conocer los actores, tanto guerrilleros como empresariales, extranjeros o políticos; 4. La justicia es fundamental para una sociedad de una fase de posnegociación. Pero al mismo tiempo esta justicia transicional siempre será imperfecta porque vivimos en tiempos imperfectos y solo podemos cumplir lo más posible.

^[8] Muchos estudiantes y profesores colombianos escribieron en los últimos añ os su Tesis Final del Máster o del Doctorado sobre el conflicto colombiano para analizar diferentes delitos, procesos de paz, la participación de la sociedad civil en el proceso de paz e institucionalización de la noviolencia, o las negociaciones entre los grupos armados y el gobierno. Como consecuencia el debate sobre el conflicto y el proceso de paz se profundizó en la sociedad y las ONG.

^[9] Podion es una organización no-gubernamental colombiana sin ánimo de lucro que toma su nombre de la palabra griega que significa “punto de apoyo”. En agosto de 1990 se formalizó su creación con el propósito de promover, acompañar y cualificar procesos de desarrollo participativo y sostenible, tanto de ONG, instituciones eclesiásticas como de comunidades y organizaciones sociales de base. En cumplimiento de este objetivo, ofrece servicios de capacitación, asesoría y consultoría que contribuyan a la dinamización de procesos de desarrollo local y regional.

^[10] La Constitución Política de Colombia de 1991 marcó diferentes avances jurídico-políticos en términos de libertades, garantías –tanto para las culturas indígenas como para todos los ciudadanos, como el derecho a una vida digna-, y derechos humanos -como la aceptación e integración de los Convenios de Ginebra. Además, la constitución incluye la participación activa de la sociedad, la protección del medioambiente por parte del Estado y la toma de decisiones de las comunidades afectadas para proteger la diversidad del país.

^[11] LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario, “Principios y argumentos de la noviolencia,” en Beatriz MOLINA RUEDA y Francisco MUÑOZ (Ed.), Manual de Paz y Conflictos, Universidad de Granada., Granada, 2004, p. 310.

^[12] LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario, “La noviolencia como alternativa política”, en Georgie ECHEVERRI VÁSQUEZ, (Ed.), Noviolencia – La transformación creativa del conflicto social, Imprenta Departamental de Antioquia, Antioquia, 2002, p. 127.

^[13] Doctorado de historia, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada e investigador del Instituto de la Paz y los Conflictos de Granada. Sus temas de investigación fueron la crisis europea y españ ola de los añ os 30 del siglo XX, la sociología y politología electoral y las teorías del cambio social como la noviolencia política y los procesos de reconciliación.

^[14] LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario, “Noviolencia para generar cambios sociales” , POLIS – Revista de la Universidad Bolivariana, Santiago de Chile, n° 009, 2004, p.6.

^[15] Vea Ibíd. pp. 7-8.

^[16] La búsqueda de la verdad no se refiere al encuentro del método perfecto para lograr la verdad perfecta sino a una verdad existencial que responde a nuestra vida cotidiana y resolver partes de conflictos políticos y personales.

^[17] LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario, “La noviolencia como alternativa política”, p. 134.

^[18] LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario, “Valores, principios y argumentos,” p. 46-54, en Mario LÓPEZ MARTÍNEZ, Política sin violencia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá, 2006, pp. 45-75.

^[19] LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario, Noviolencia – Teoría, acción política y experiencia, Educatori, Granada, 2012, pp.15-16.

^[20] LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario, “La noviolencia como alternativa política”, pp. 130-135.

^[21] LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario, “Principios y argumentos de la noviolencia,” p. 325.

^[22] SHARP, Gene, The politics of nonviolent action, Part Two: The methods of nonviolent action, Extending Horizons Books, Boston, 2005 (18).

^[23] Ley 975/2005, Bogotá, 25.07.2005.

^[24] Ley 1448/2011, Bogotá, 10.06.2011.

^[25] URIBE VÉLEZ, Álvaro: Informe al Congreso 2007, Imprenta Nacional, Bogotá, julio de 2007. URIBE VÉLEZ, Álvaro : Informe al Congreso 2008, Imprenta Nacional, Bogotá, julio de 2008. URIBE VÉLEZ, Álvaro, Informe al Congreso 2010, Imprenta Nacional, Bogotá, julio de 2010.

^[26] SANTOS, Juan Manuel, Informe al Congreso 2011, Imprenta Nacional, Bogotá, 2011.

^[27] LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario, “Principios y argumentos de la noviolencia.” LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario, “La noviolencia como alternativa política.”FERNÁNDEZ, Carlos (Ed.), El Poder de la fragilidad – Experiencia en la senda de la noviolencia, Aquíestoypaís, Colombia, 2003.

^[28] MANUEL, Anne (et.al), Breaking the Grip? Obstacles to Justice for Paramilitary Mafias in Colombia, Human Rights Watch, Nueva York, 2008, p. 3.

^[29] Ley 975/2005, Art. 1.

^[30] COLOMBIA. Oficina Alto Comisionado para la Paz, Ley de Justicia y Paz, Bogotá, julio de 2005, p.8.

^[31] Ley 975/2005, Art. 15 y Cap. IX Art. 42-50 y Cap. X.

^[32] Ibíd., Art. 10 y 11.

^[33] URIBE VÉLEZ, Álvaro, Informe al Congreso 2010, Imprenta Nacional, Bogotá, julio de 2010, p. 38.

^[34] Ibíd., p. 20 gráfico 1.2 y p.60 gráfico 2.18.

^[35] Ibíd., p. 51

^[36] Ibíd., p. 40.

^[37] Ley 975/2005, Arts. 17-23. El artículo 21 del decreto 128/2003 posibilita dar impunidad a los desmovilizados aunque sean responsables de crímenes de lesa humanidad y por eso muchos paramilitares entran directamente en el proceso de reintegración sin cumplir una pena. ANDREU-GUZMÁN, Federico, “Criminal Justice and Forced Displacement in Colombia,” International Center for Transitional Justice [ICTJ], julio de 2012, p. 11, p. 13.

^[38] International Crisis Group (ed.) “Colombia: President Santos’s Conflict Resolution Opportunity,” Latin American Report n°34, 13.10.2010, p.8.

^[39] Al 17 de octubre de 2012 el senado de Colombia aprobó la reforma (Ley 193/2011 Senado – 096/2011 Cámara) de la Ley 975 para mejorar su ejecución y conseguir los objetivos de la ley, algún cambio es el rechazo de entregar a los desmovilizados una pena alternativa de máximo ocho años. Ahora tienen que presentar resultados adecuados, como la entrega de información importante para desmovilizar otros grupos armados. Fue necesario más de un añ o para aprobar la reforma que muestra la dificultad de la situación en Colombia. MEIRA DÍAZ MARQUÉZ, Luz, “Senado aprobó en último debate reforma a Ley de Justicia y Paz,” Congreso de la República, Bogotá, 12-10-2012.

^[40] COLOMBIA. Oficina Alto Comisionado para la Paz, Ley de Justicia y Paz, p. 9.

^[41] Ministerio de Interior de Justicia, “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,” Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, junio de 2011, Art. 109 y p. 104 parágrafo 2.

^[42] Este objetivo no figura en la Ley 1448, sino que es una meta del presidente Juan Manuel Santos. Él esperaba que las FARC perderían el apoyo de los ciudadanos que recibieron la reparación y restitución de las tierras. Vea también: “Santos: “Le estamos quitando las banderas políticas de las FARC”, El Mundo, 19-10-2012.

^[43] Durante el mandato de Juan Manuel Santos la relación entre él y Álvaro Uribe Vélez empeoró porque tienen diferentes opiniones sobre las maneras de lograr la rendición de las FARC, integrar la sociedad en el proceso de paz y reparar a las víctimas. Por eso el comienzo de las negociaciones con las FARC en octubre de 2012 y el “éxito” del primer añ o de la Ley 1448 parece una derrota para Álvaro Uribe y muestra que la política no sólo está influida por los sucesos cotidianos sino también por las relaciones entre los políticos, el prestigio de los mismos y la lucha por votantes que polariza la sociedad colombiana. Vea también HERNANDEZ-MORA, Salud, “Santos: ´No vengo a demostrar quién es el que manda en el barrio como un rufián,’” El Mundo, 29-10-2012.

^[44] Ministerio de Interior de Justicia, “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,” p. 7.